Punta Peuco, donde cumplen prisión hoy violadores de los derechos humanos, volvió a la palestra en Chile, cuando nuevas voces se sumaron al reclamo de cerrar la cárcel en la que gozan de privilegios los represores.
Creado en 1995 durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Especial es un complejo penitenciario ubicado en la comuna de Til Til, a 64 kilómetros de esta capital.
En una carta dirigida al presidente chileno, Gabriel Boric, un grupo de parlamentarios considera inentendible que exista actualmente un penal con comodidades para quienes están condenados por cometer los peores crímenes de la historia del país.
El recinto cuenta con piezas individuales en cuatro módulos, cada uno con sala, cocina, ducha, biblioteca, cancha de tenis y otros beneficios, que distan mucho de la situación en el resto de los penales del país.
Allí residen unos 130 reos condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre ellos Miguel Krassnoff, sentenciado a más de mil años de cárcel por secuestros, torturas, desaparición y asesinatos de personas.
Mantener el penal de Punta Peuco permite y profundiza la impunidad, dijo la diputada Lorena Pizarro, del Partido Comunista de Chile (PCCh), una de las firmantes de la misiva al presidente Boric.
El texto también fue rubricado por Alejandra Placencia, María Candelaria Acevedo, Luis Cuello, Daniela Serrano y Carmen Hertz, del PCCh; así como por Juan Santana y Jaime Naranjo, del Partido Socialista; Tomas Hirsch, de Acción Humanista, y Lorena Fries, del Frente Amplio.
La decisión de enviar la solicitud al mandatario se tomó después de que el ministro de Justicia Luis Cordero descartara la posibilidad del cierre, bajo el argumento de la sobrepoblación de las otras cárceles. Para la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) no se comprende que el ministro niegue la posibilidad de transformar el penal en una cárcel para reclusas embarazadas.
La AFDD recuerda que el fin de Punta Peuco es una exigencia histórica de las organizaciones humanitarias para terminar con los pactos que la democracia tiene con la dictadura.
Santiago de Chile, 10 de julio 2024
Crónica Digital/PL
