Frente a la propuesta de ley anticolusión que faculta de manera exclusiva a la Fiscalía Nacional Económica para ejercer la acción penal contra este tipo de delitos, el diputado del PC, Daniel Núñez, aseguró que la investigación de infracciones económicas no puede tener un trato preferencial y quedar fuera del ámbito del Ministerio Público.
“Por qué estos delitos económicos, delitos de cuello y corbata, que son delitos que hacen los poderosos, que son tan graves como un robo, un lanzazo o un portonazo, por qué tienen que tener este trato preferencial, por qué no tienen que verse expuestos a la posibilidad de que actúen contra de ellos el Ministerio Público”, puntualizó.
La sala de la Cámara de Diputado aprobó de manera unánime la mayoría de los artículos del proyecto de ley sobre la defensa de libre competencia, salvo el número 64 que otorga la exclusiva acción penal a la Fiscalía Nacional Económica. Dicho artículo fue rechazado por 67 votos, 39 a favor y 1 abstención. El articulo 64 será visto por una comisión mixta de diputados y senadores.
“Dejar la acción penal en forma exclusiva, como una atribución de la Fiscalía Nacional Económica tiene muchos riesgos. Se corre el riesgo de que se coopte esta figura que es el Fiscal Nacional Económico por motivos políticos o también por cooptación por parte de los grandes poderes económicos”, enfatizó Núñez durante la discusión.
El parlamentario aseguró que la concentración de los mercados favorece la proliferación de los carteles, tal como ocurre en las farmacias, la industria forestal y los supermercados. Por esta razón, pidió al Gobierno un proyecto de ley para combatir esa dimensión.
“Solicito al gobierno es que así como hoy día estamos atacando con convicción, en forma decidida la comisión, también ataquemos uno de los elementos que permite que se origine que es la concentración económica en Chile, frente a la cual hoy día el Estado chileno tiene pocas herramientas. Las víctimas no son solo los consumidores, sino que también la pequeña y mediana empresa que no pueden desarrollarse, no puede surgir, porque simplemente los grandes grupos económicos, las grandes empresas le ponen la pata encima”, afirmó.
El diputado destacó que el proyecto de ley repone la cárcel efectiva contra la colusión, aumenta las penas significativamente y agiliza la obtención de indemnizaciones de perjuicios para los consumidores.
Santiago de Chile, 15 de junio 2016
Crónica Digital