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El candidato presidencial de Partido País señaló que, “la normativa que el Ministerio del Interior busca implementar, y que permitirá guardar los datos de las llamadas, Internet y mensajes por 2 años, vulnera la garantía fundamental de la privacidad”.
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“Pues el nuevo decreto indica que cualquier organismo público autorizado podrá tener acceso a la información, lo que como ha ocurrido en otros países, terminará transformándose en un instrumento para vigilar a periodistas y activistas de derechos humanos”, afirmó.
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Navarro se preguntó, ¿por qué todos los chilenos nos debemos someter a la vigilancia del Estado, en una especie de Big Brother nacional?”.
Afirmando que, “esta será la carta blanca para el uso abusivo de información privada de los chilenos y chilenas”, el senador y candidato presidencial de Partido País, Alejandro Navarro, se refirió a la actualización del Decreto 142 de 2005, por parte del Ministerio del Interior, que regula la forma en que las empresas proveedoras de telecomunicaciones manipulan los datos de los usuarios y que vulneraría la garantía fundamental de la privacidad.
Al respecto, el miembro de la Comisión de DDHH del Senado explicó que, “durante el Gobierno de Ricardo Lagos, se dictó el decreto 142, el cual obliga a las empresas de telecomunicaciones a conservar un registro de las direcciones IP durante al menos 6 meses, plazo que fue extendido a 1 año más tarde”.
“Es decir”, prosiguió, “las empresas de telecomunicaciones deben mantener a disposición del Ministerio Público las direcciones IP por 12 meses, según establece el artículo 222 del Código Procesal Penal, esto para favorecer el trabajo de la justicia en casos de delincuencia que se requieran investigar”.
“El problema es que la actualización del decreto, llevada a cabo por el Ministerio del Interior, y que hoy se encuentra en Contraloría, permitirá que todas las empresas telefónicas tengan por un plazo de 2 años la información de todos los chilenos y chilenas con respecto a que hora y fecha hicimos una llamada, a quien se llamó y por cuanto tiempo, desde qué IP uno se conectó, en que lugar geográfico, qué sitios web visitamos, o cuántos mensajes escribimos y a quién se los enviamos”, aseguró Navarro
“En otras palabras”, explicitó, “una aberración en contra de los derechos y la privacidad de las personas y que vulnera la Constitución de la República, ya que esta garantiza la inviolabilidad de nuestras comunicaciones privadas”.
De acuerdo al presidenciable de País, “con este decreto se está dando un gran paso para crear un sistema de vigilancia masiva con capacidad para acceder a toda la información de celulares y computadores, pues no será difícil obtener los datos privados de ordenadores o dispositivos móviles sin que el usuario del equipo sepa, permitiendo así el monitoreo de todo lo que los ciudadanos hacen, escriben o fotografíen, así como sus contactos, chats, e incluso micrófonos o el GPS”.
“Pues hoy dicen en el Gobierno que es solo una actualización, que nuestra información ya es almacenada por las empresas de telecomunicaciones. Yo me pregunto entonces, ¿por qué se permitirá a cualquier organismo público autorizado a acceder a nuestra información?, ¿como se asegura que no se transforme en una herramienta tipo Big Brother, que se utilizará para espiar a activistas, periodistas y todo aquel que tenga una postura crítica o distinta?”, recalcó el miembro de la Comisión de DDHH del Senado.
Alejandro Navarro recordó que, “solo hace un par de años, nos preguntábamos porque la PDI gastaba US$2.8 millones en el software Galileo (que renombró Phantom), un sistema de vigilancia masiva con capacidad para acceder a toda la información de celulares y computadores y con el cual se puede obtener información privada de ordenadores o dispositivos móviles sin que el usuario del equipo sepa”.
“Dicho software instala un troyano en los equipos y es tan eficiente, que no importa el sistema operativo, tipo de conexión o lugar donde se espía, puesto que si el dispositivo donde se ha instalado el troyano se encuentra desconectado, el sistema recaba datos y los envía una vez que el aparato se conecta a Internet nuevamente. Por tal motivo Reporteros sin Fronteras calificó a la empresa a cargo del programa como un enemigo del Internet y mercenario digital”, aseguró.
“Por lo que hoy”, agregó, “cuando nos enteramos de esta supuesta actualización del decreto 142 por parte del Gobierno, no solo se quebrará el artículo 222 del Código Procesal Penal, el que indica que los solo los tribunales pueden ordenar la interceptación y grabación de comunicaciones telefónicas o de otras formas de telecomunicación cuando existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados de que una persona hubiere cometido o participado en la preparación o comisión de un crimen y que esta fuese imprescindible para la investigación”.
“Sino que, se están quebrantando los Principios Rectores Sobre las Empresas y Derechos Humanos de la ONU y lo que es más grave aun, se da carta blanca para el uso abusivo de información privada de los chilenos y chilenas, vulnerando la garantía constitucional de la privacidad, por lo que junto a mi equipo estamos estudiando una presentación ante el Tribunal Constitucional para invalidarlo”, finalizó el candidato presidencial de Partido País.
Santiago de Chile, 28 de agosto 2017
Crónica Digital
Michelle Bachelet y su gobierno con esto cruzaron la línea de lo que es aceptable o tolerable. Esto es totalmente antidemocrático. Esto es propio de un Estado estalinista o totalitario. Esto es enormemente siniestro y maquiavélico. Todos en Chile debemos protestar por esto y movilizarnos. No podemos permitir que la Señora Bachelet y su gobierno nos pasen por encima a todos los chilenos y chilenas, y nos pisoteen tan brutalmente de esta forma. Esto no se puede tolerar. Hay que movilizarse ya, tanto en la web, como en masa. Basta ya de los continuos abusos de este gobierno de Bachelet y de la Nueva pillería.