Los cortes de agua producto de situaciones climáticas no sólo han afectado a la zona central. Esta semana el subjefe de la bancada PC-IC, diputado Lautaro Carmona, pidió una fiscalización a Aguas Chañar, por una situación similar a la que se vivió en la región Metropolitana a finales de febrero. Por eso, desde la bancada PC-IC solicitaron que el Gobierno ponga urgencia al proyecto presentado por el diputado Daniel Núñez, que entre otros puntos, aumenta las multas en casos de cortes de suministro e incumplimientos de las sanitarias.
El 21 de diciembre del 2016, la sala de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que buscaba bajar las cuentas del agua por medio de la disminución en las ganancias de los servicios no regulados por parte de las empresas sanitarias.
El proyecto además establece el aumento general de las multas, por ejemplo, para cortes imprevistos de agua, episodios de turbiedad y cuando esté en peligro la salud de la población; como también contempla la eliminación de los cobros por cortes de agua, tal como ocurre en la nueva ley eléctrica.
Estos elementos dentro del proyecto, generaron una gran crítica de los sectores empresariales, que a través de diversos medios de comunicación, comenzaron a presionar para que el proyecto se frenara en el Senado.
Estos hechos saltan nuevamente a la palestra tras los acontecimientos de corte vividos en la región metropolitana, pero también en otras regiones extremas, donde los cortes de suministros son reiterados. Estas son las razones por la que desde la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana, exijan que se le de urgencia al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y pueda prontamente convertirse en Ley de la República.
La jefa de la bancada PC-IC, diputada Camila Vallejo, recordó que en julio del año pasado, el Partido Comunista presentó junto a otros parlamentarios este proyecto que reforma el funcionamiento de las empresas que abastecen de agua potable a la población, “especialmente para aumentar el rol fiscalizador del Estado para con estas empresas”.
“Este proyecto está en segundo trámite en el Senado y hacemos un llamado al Gobierno para que le dé urgencia para que el día de mañana, si vuelve a ocurrir esto, haya las compensaciones adecuadas, pero ojalá se pueda prever estas situaciones que van a ser más recurrentes con el cambio climático, como el hecho de los aluviones, y el Estado incluso pueda intervenir en los planes de desarrollo, en los planes de inversión que por ley tienen que realizar las empresas sanitarias”, sostuvo la diputada.
En esa misma línea, el subjefe de la bancada PC-IC, diputado Lautaro Carmona recalcó que “Todos los temas que han comprometido la eficiencia de las empresas sanitarias, tanto en la región metropolitana como en otras regiones, vinculadas a que los efectos de catástrofes naturales como lo sería un aluvión, por ejemplo, están confirmando la justeza de la moción de ley que aprobó la Cámara de Diputados a instancias de una propuesta del Partido Comunista, particularmente el diputado Daniel Núñez, y la necesidad de que el debate que en segundo trámite del Senado, hoy se apure”.
“Cuando hay opciones y obligaciones que suponen inversiones por parte de estas empresas, hacen la opción por parte del menor gasto y dejan expuesto a los usuarios del sistema sanitario”, agregó Carmona, quien esta semana presentó una fiscalización a Aguas Chañar, justamente por la serie de cortes de suministro vividos durante las últimas semanas.
En el escrito del subjefe PC-IC, se detalla que en Copiapó, 30.000 familias estuvieron sin suministro desde el 26 al 28 de febrero; del 8 al 11 de febrero toda la comuna de Chañaral estuvo sin suministro, y en los posteriores cinco días, con cortes intermitentes; en Vallenar, Freirina y Huasco, el 27 de febrero hubo otro, afectado a 20.000 hogares.
En ese sentido, Carmona subrayó en la urgencia que se le debe dar al proyecto por “la necesidad de pensar en un cambio profundo y revisar esta concesión” y que en los cortes ocurridos durante los últimos meses sumado a la situación general “el panorama histórico de Aguas Chañar está plagado de falta de seriedad al momento de dar cuenta de la calidad y entrega oportuna del suministro”, concluyó.
El proyecto contempla descontar a favor de la tarifa final del usuario el equivalente a una proporción de cincuenta por ciento de las utilidades que el prestador perciba por concepto de servicios no regulados. Asimismo, si las aguas servidas o tratadas no se botan y, por el contrario, se hace negocios con ellas se aplicará un descuento en la tarifa de un 80%. De esta forma, la tarifa final de los usuarios pueden disminuir en hasta en un 19%.
La iniciativa también permite a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) aumentar las multas en hasta 10 mil UTM, lo que eleva considerablemente el monto de las actuales sanciones en dinero.
Asimismo, se consagra el derecho a compensación en beneficio de los usuarios -y sin perjuicio de las sanciones que correspondan-, en caso de interrupción o suspensión del servicio de producción, distribución de agua potable, recolección, disposición y tratamiento de aguas servidas que no estén autorizados.
Santiago de Chile, 12 de marzo 2017
Crónica Digital
Lamentablemente llegaremos a no tener agua ni para lavarse el poto, por estos cdsm