La campaña presidencial termina sin un debate serio sobre la situación del pueblo mapuche y de la Araucanía. Sólo Claude, Enríquez y Roxana Miranda han formulado planteamientos que apuntan al fondo de la cuestión: territorio y autonomía.
La formulación programática de Bachelet, que muy posiblemente será electa, propone elevar la categoría del tema mediante una medida de mejor administración, como es el otorgamiento del rango ministerial al director de CONADI. Aunque es un gesto que indica prioridad, esta proposición no resuelve las demandas mapuche que requieren definir opciones políticas de fondo.
No obstante, es preciso valorar la confesión que Bachelet hiciera sobre el error cometido en su gobierno al aplicar la ley antiterrorista a dirigentes mapuche. El reconocimiento de esa grave desatino es un paso positivo, si es que se ha entendido claramente en qué consistió.
La aplicación de la ley antiterrorista a luchadores mapuche busca, en términos genéricos, el desprestigio y la criminalización de la lucha de nuestro principal pueblo originario. Ha significado penurias inmerecidas para decenas de sus integrantes, sus familias y en particular sus niños, entre ellas persecución y represión permanente, necesidad de vivir en la clandestinidad, prisión preventiva sin justificación y eventualmente condena a penas privativas de libertad aumentadas por la calificación terrorista de los supuestos delitos. En los procesos en que se ha utilizado la ley antiterrorista el procedimiento especial aplicado significa una merma de los derechos de la defensa. Largos períodos de prisión preventiva han afectado a muchos reos posteriormente declarados inocentes o sobreseídos. Los abogados defensores han carecido de la información suficiente para ejercer su función, a la que sí tienen acceso en juicios por la ley penal corriente. La presencia de testigos protegidos, sin rostro ni nombre, a veces decisivos en los fallos, han limitado severamente las posibilidades de la defensa de cuestionar sus dichos. Incluso en aquellos casos en que las acusaciones terroristas no han sido sustentadas por la sentencia, el fallo ha legitimado el procedimiento judicial seguido durante el proceso, aunque obviamente al no haber delito terrorista no correspondía aplicarlo.
Si Bachelet tuvo la coherencia para asumir que cometió un error, será indispensable que, si es electa Presidenta, actúe con rapidez y consecuencia en su reparación. Si no, el reconocimiento del error habrá sido pura retórica. Por eso, debiese poner término a injusticias que se cometieron y que están actualmente produciendo sus efectos.
La primera acción ineludible para iniciar una nueva etapa en el enfoque a las múltiples cuestiones relativas a la actual situación del pueblo mapuche, es adoptar las medidas legales o administrativas que conduzcan a la liberación de todos los presos políticos mapuche condenados por supuestos delitos terroristas o que fueron procesados y condenados mediante los procedimientos de esa ley. Es lo que corresponde si quienes la aplicaron reconocen haberlo hecho equivocadamente.
Una vez zanjada esta cuestión elemental de justicia el nuevo gobierno deberá dar respuesta, sin evasivas, a la pregunta sobre el territorio y la autonomía.
Por Jorge Arrate.
Santiago de Chile, 11 de noviembre 2013
Crónica Digital
