El reciente hallazgo de varias osamentas presuntamente pertenecientes a víctimas de desaparición forzada en el sitio conocido como La Escombrera, en la ciudad de Medellín, conmueve hoy a la opinión pública de Colombia.
Hace pocos días, un equipo forense que trabaja en excavaciones en la Comuna 13 de ese territorio del noroeste, comunicó el hallazgo de tres conjuntos de restos óseos en ese sitio, que mereció el sobrenombre de la fosa común más grande del país, y donde se presume yacen más de 500 cuerpos desde principios de los años 2000.
En una visita al lugar, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP), Alejandro Ramelli, aseguró que, ante el suceso, la verdad de los crímenes ocurridos allí se abre finalmente paso.
Comentó a los medios de prensa que las autoridades asistieron al lugar para pagar una deuda que data de más de dos décadas con las familias de las víctimas.
También afirmó que los hallazgos, que ocurrieron tras 146 días de trabajo y la remoción de 36 mil 450 metros cúbicos de tierra, constituyen una derrota aplastante a quienes niegan que las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en el país.
“Lo que estamos viendo hoy, y lo que se ha venido desenterrando, no son restos de un pasado lejano, son pruebas de crímenes cometidos hace apenas dos décadas, que no podrán ser borrados de la memoria colectiva”, sentenció.
A propósito de la visita de la JEP, las voceras del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), divulgaron un pronunciamiento en el que aseguraron que el encuentro de los restos ha sido un anhelo de familias enteras durante décadas de impunidad.
“La responsabilidad del Estado colombiano es incuestionable; desde los Gobiernos que apadrinaron las órdenes, que actuaron en connivencia con grupos paramilitares, más específicamente con el bloque Cacique Nutibara (…) hasta la indiferencia cómplice que ha apadrinado el silencio, la mentira y el olvido”, reza el texto.
Añadió que los crímenes perpetrados durante más de 35 operaciones militares entre el 2002 y 2003, incluidas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, no pueden ser borrados de la memoria.
“Esos hallazgos, así se quieran minimizar, ver como algo menor, son una derrota aplastante al negacionismo”, puntualizó asimismo Ramelli, justo cuando en el país parece ganar fuerza una corriente negacionista acerca de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la primera década de este siglo.
Se presume que muchos de los desaparecidos están allí como consecuencia de la Operación Orión, que fue una intervención militar llevada a cabo en 2002 en la comuna 13 de Medellín por parte del Gobierno.
Los pobladores opinan que tuvieron lugar en esa localidad cientos de entierros clandestinos como resultado de las acciones conjuntas entre paramilitares y agentes estatales.
A propósito del descubrimiento, quien fuera el gobernante en esa época, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), emitió comentarios en los descalifica las acciones del órgano de justicia transicional.
“Muchos de sus miembros tienen antecedentes de respaldo a grupos afines a la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y a otras organizaciones terroristas”, refirió Uribe, en un intento por desacreditar a ese tribunal.
El exmandatario también tildó de terroristas a quienes fueron víctimas de los militares durante la operación Orión.
También sobre el tema, el actual gobernante Gustavo Petro, afirmó que los narcoparamilitares se quedaron en la Comuna 13 y de allí sacaron a 500 jóvenes que resultaron desaparecidos.
“Para dormir tranquilos con tanta sangre de los jóvenes pobres derramada desde el gobierno, entonces cubren sus pesadillas pensando que derramaron sangre de terroristas. Se suman 500 desaparecidos a los seis mil 402 que fueron fusilados en tu gobierno siendo carpinteros, albañiles o campesinos”, escribió, en respuesta a un comentario de Uribe.
Polémicas aparte, lo que resulta indudable es que el hallazgo de los restos óseos vuelve a reabrir una herida dolorosa de la historia de Colombia.
No por gusto Movice aseguró en su comunicado que buscará que La Escombrera sea reconocido como un lugar de memoria, en el que se clarifiquen las violaciones a los derechos humanos y la perpetración de crímenes de Estado; además de honrar y enaltecer la vida y la memoria de las 502 personas desaparecidas de la Comuna 13 de Medellín.
Bogotá, 27 de diciembre 2024
Crónica Digital/PL
