El especialista en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, considera que la iniciativa que impulsan grupos privados y extranjeros debe considerar un rol relevante por parte del Estado, al menos una administración mixta. “El peligro de entregarle toda la responsabilidad a un privado es que se concesione por periodos muy largos, lo que termina amarrando al Estado a un contrato que puede impedir, por ejemplo, que los precios del servicio de transporte sean razonables para el usuario”, sostiene.
La ministra de Transportes, Gloria Hutt, reconoció que es “de gran interés” el proyecto de tren rápido Santiago-Valparaíso y ofició a los responsables de la iniciativa privada, que impulsan conjuntamente el conglomerado China Railway Group Limited, el grupo chileno Sigdo Koppers y la consultora Latinoamericana Infraestructura, para que aporte más antecedentes a fin de concesionar sin subsidio, a través de la Ley General de Ferrocarriles.
Para el experto en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, el servicio es estratégico, ya que acortaría a la mitad el tiempo que demora viajar desde Valparaíso o Viña del Mar hasta Santiago, o viceversa. Por lo mismo, considera que el proyecto no solo debiera quedar en manos de privados, sino que también debiese considerar la gestión del Estado.
“El peligro de entregarle toda la responsabilidad a un privado es que se concesione por periodos muy largos, producto del alto costo de la infraestructura, lo que termina amarrando al Estado a un cierto contrato que puede impedir, por ejemplo, que los precios por el servicio de transporte sean razonables para el usuario”, sostiene.
Por otra parte, Martin señala que si el proyecto es rentable para la empresa privada, también debiera serlo para el Estado, por lo que insiste que debiera asumir un rol más activo, a fin de que dicha rentabilidad también se reinvierta en mejorar la calidad del servicio.
“El proyecto va a generar cambios en el valor de uso de suelo y ese tipo de externalidades el Estado podría utilizarlas para financiar proyectos”, señala. Esto, a través de un mecanismo de captura de plusvalía, donde el aparato público perciba un porcentaje de la inversión inmobiliaria que se genere en dichos espacios, señala.
Finalmente, considera que es imposible que el proyecto se construya en el corto plazo, por la magnitud de la infraestructura que debe construirse para que el servicio opere, como túneles o pasos bajo nivel, entre otros.
“El Estado debiera desarrollar ciertas áreas de visión más integral de estos proyectos, no solo desde la evaluación del Ministerio de Transportes, sino también del análisis que puedan hacer las carteras de Vivienda, del Trabajo. Asimismo, es importante evaluar mecanismos de gestión para que el Estado tenga un rol más activo y menos observador, participando a través de una concesión mixta”, concluye.
Santiago de Chile, 24 de mayo 2018
Crónica Digital / usach.cl
