La colisión entre el indulto al exgobernante Alberto Fujimori y las decisiones de la justicia supranacional a la que está adscrito el Estado peruano se confirmó hoy, mientras aumentan los cuestionamientos a su excarcelación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), antesala de la Corte respectiva, rechazó la decisión del Tribunal Constitucional (TC) a favor del exgobernante que solo había cumplido 16 de los 25 años de la sentencia por delitos contra los derechos humanos y corrupción.
El pronunciamiento señala que el indulto fue ejecutado “en contravención de las obligaciones internacionales del Estado y en incumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte IDH”.
El TC y los defensores del indulto sostienen que esa corte no puede prevalecer sobre las decisiones de la corte constitucional peruana, máxima instancia nacional.
Las organizaciones de derechos humanos e importantes juristas rechazan el indulto y argumentan que el Estado peruano ha roto con el indulto el compromiso de acatar los fallos de la CIDH.
El Gobierno, por su parte, acató la decisión del TC pero sostuvo que ello no afecta su compromiso de acatar los fallos de la instancia interamericana.
Los familiares de las víctimas de las dos matanzas por las que fue condenado Fujimori y la Asociación Pro Derechos Humanos pidieron en una conferencia de prensa un pronto pronunciamiento de la CIDH contra el desacato del Estado peruano.
Antes de la excarcelación, la corte supranacional requirió que la libertad de Fujimori se suspenda hasta acreditar el cumplimiento de los requisitos del indulto, como que el preso pida perdón a las familias de las víctimas de las matanzas por las que fue condenado.
La exministra de Cultura Gisela Ortíz, cuyo hermano Luis Enrique fue asesinado en una de esas masacres, rechazó los llamados a la reconciliación de la hija de Fujimori, Keiko, y sus seguidores.
“La reconciliación no nace de la impunidad o cuando se premia a los asesinos; nace de la verdad y la justicia”, dijo Ortiz.
Entretanto, la prensa reveló que los tres jueces, de un total de seis del TC, que aprobaron el ajustado fallo del TC que revivió el indulto a Fujimori decretado hace seis años y declarado ilegal, fueron elegidos por el Congreso por sus inclinaciones políticas derechistas.
El empate 3-3 lo dirimió el presidente del TC, Francisco Morales, quien, según el diario La República, era brazo derecho del excongresista fujimorista Carlos Mesía.
También votaron a favor del preso los jueces Luz Pacheco, integrante del grupo católico de extrema derecha Opus Dei y cercana al cardenal jubilado Juan Cipriani, afín al fujimorismo, y Gustavo Gutiérrez Ticse, exabogado del partido de derecha extrema Renovación Popular aliado del partido fujimorista Fuerza Popular.
Lima, 9 de diciembre 2023
Crónica Digital/PL
