El ex Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que solo existe un camino que lo llevará a la libertad y es el de la movilización popular.
Así lo afirmaron los abogados Luiz Carlos Rocha y Emidio de Souza, tras tener contacto con Lula después del veredicto del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) que redujo su condena de 12 años y un mes a ocho años y 10 meses por corrupción pasiva y lavado de dinero.
En una decisión unánime, la quinta Corte de la STJ mantuvo sin embargo el castigo contra el ex dirigente obrero y los votos fueron pronunciados durante el juicio ante un recurso presentado por su defensa.
“Fui preso políticamente y seré liberado políticamente por la lucha del pueblo brasileño”, dijo el ex gobernante a los juristas.
Tras ser informado sobre la reducción de la pena por el escandaloso caso de Guarujá, Lula reaccionó con la sobriedad de quien tiene la exacta noción de lo que significa para sus adversarios mantenerlo lejos de las calles.
“No se tiene que celebrar. La pena tenía que ser cero. La pena no tenía que existir. Voy a luchar hasta el final por mi inocencia”, remarcó el fundador del Partido de los Trabajadores (PT).
Al respecto, De Souza comentó que “ellos (los magistrados del STJ) redujeron la pena, pero sigue siendo una condena injusta. Ellos inventaron un problema y no saben cómo resolver este problema… Todo solo comprueba que se trata de una condena política”.
Por su parte, Rocha concuerda con Lula sobre el antídoto para frenar nuevas injusticias y expresó: “Vamos a seguir peleando en todas las esferas porque eso es necesario, tanto aquí en Brasil como en la ONU, siempre con la esperanza de conseguir avanzar en algunos aspectos”.
“La lucha es dura porque los adversarios son terribles e impetuosos. Por eso nuestra resistencia tiene que ser tan dura e impetuosa como su disposición a condenarnos”, subrayó.
El fallo del STJ hizo emerger la posibilidad de que el ex metalúrgico abandone este año el régimen cerrado y pueda cumplir la sanción a fines de septiembre en prisión domiciliaria.
Según la legislación penal brasileña, un preso tiene derecho a reclamar el régimen semiabierto después de cumplir un sexto de la penalidad.
Actualmente, el ex mandatario cumple cárcel en régimen cerrado, en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná.
Desde el 7 de abril de 2018, Lula permanece en prisión por supuestamente haber recibido un apartamento triplex en la ciudad de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, de la constructora OAS, a cambio de favorecer a la compañía en contratos con la petrolera estatal Petrobras.
Ante las acusaciones, el ex Presidente insiste en que fue víctima de una persecución política y que luchará hasta el final por su dignidad.
Brasilia, 24 de abril 2019
Crónica Digital / Prensa Latina.
