La inviable reforma de pensiones de Boric

Dn. Luis Corvalán Lepe, uno de los políticos chilenos más importantes del siglo XX, enseñaba que todo proyecto de ley incluye aspectos positivos, sin embargo, si al evaluarlos en su conjunto resultan lesivos para el pueblo trabajador, hay que rechazarlos sin vacilar.

Sin duda hay aspectos valorables en el proyecto de reforma de pensiones anunciado por el gobierno. Como aumentar el monto y cobertura de la denominada pensión garantizada universal (PGU), la compensación a mujeres y un modesto beneficio definido como proporción de cotizaciones, también que el Estado asuma la gestión de cobros, pagos y parte del fondo, Pero debe rechazarse en su conjunto porque no acaba sino agrava el desvío de cotizaciones y subsidios previsionales al ahorro forzoso. Al contrario, propone aumentar este abuso a costa del pueblo trabajador activo y jubilado, y el fisco. Por añadidura, obliga a todas las personas jubiladas a traspasar la propiedad de su fondo al oligopolio de aseguradoras privadas que han profitado de embolsarse la mitad de sus cotizaciones a lo largo de 41 años.

Como demuestran la teoría y la práctica chilena de cuatro décadas, dicho desvío conduce a la creación de un gigantesco fondo de salarios para financiar empresarios, a costa del pueblo jubilado y el fisco. Es la causa exclusiva de las bajas pensiones y principal del déficit y endeudamiento fiscal, y de la regresividad del sistema tributario. Para acabarlo hay que derogar el DL3500 que le dio origen y asegurar que a partir de ahora se destinen en forma íntegra, exclusiva, directa e inmediata, al pago de pensiones, reconstruyendo el sistema público de seguro social.

El incremento de la tasa de cotización debe ser rechazado de plano, es aumentar un impuesto al trabajo que afecta salarios y empleo, aunque lo desembolsen los empleadores. Durante muchos años ello no será necesario para pagar pensiones dignas, porque con las tasas actuales se recauda más del doble de lo que cuestan las pensiones contributivas. Permiten así elevar sustancialmente su monto y también su número de modo de jubilar a todas las personas, especialmente mujeres, que han postergado su jubilación habiendo cumplido la edad legal de retiro, la que tampoco se debe elevar. Ahorra al mismo tiempo al fisco los cuantiosos subsidios que financian la mayor parte de estas pensiones. El aporte tripartito de los empresarios debe implementarse de inmediato, pero debe consistir en asumir la mitad del descuento que hoy se recorta de los salarios brutos.

El así llamado fondo de pensiones es la medida precisa del abuso, puesto que hoy refleja exactamente el excedente corriente de cotizaciones y subsidios menos pensiones pagadas por el sistema, menos otros beneficios y retiros netos, incluidos los “10%”, acumulados desde su creación. La ganancia neta del fondo se ha reducido a cero, tras perder el fondo en pocos meses la mitad de sus ganancias brutas, reduciendo éstas a una suma inferior a las comisiones y primas netas cobradas por el sistema AFP, acumuladas ambas desde 1981.

El fondo sólo sirve a los empresarios que lo mantienen en su poder en forma de créditos y capital accionario, jamás ha pagado ni pagará beneficio previsional alguno y para la abrumadora mayoría ni siquiera sirve para calcular su exiguo monto. Debe convertirse en un fondo de reparación y ser restituido, íntegramente y cuanto antes mejor, a quiénes contribuyeron a formarlo, el pueblo trabajador activo y jubilado, y el fisco. La unánime exigencia popular de restitución va a continuar porque es justa y beneficiosa, para el pueblo, las cuentas fiscales y la economía en general especialmente en la grave coyuntura por la que atraviesa hoy y en años venideros.