Diputada Mix y organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en temas de autonomía y reproducción sexual de la mujer, enviaron carta a la ministra Mónica Zalaquett.
El 15 de mayo del año pasado, Javiera Calabrano se trasladó al Hospital de San José, ya que estaba a punto de dar a luz a Benjamín. Pese a sentir fuertes contracciones y mostrar todas las señales de que estaba lista para parir, la dejaron esperando varias horas en la sala de preparto sin entregarle información.
En ese intertanto, a Javiera no se le permitió estar acompañada, se le practicaron maniobras sin su consentimiento, se desatendieron sus dolores y advertencias de que algo no estaba bien, además de recibir malos tratos por parte del personal de salud y ocultarle el estado de salud de su recién nacido. Lamentablemente, su hijo sufrió una asfixia y falleció a los pocos días de nacer. Ella fue víctima de violencia obstétrica, catalogada en 2019 por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como una violación a los derechos humanos de la mujer.
Testimonios como el suyo, lamentablemente, no son aislados y se han acrecentado durante la pandemia. De acuerdo a cifras del DEIS del Ministerio de Salud (MINSAL), en el 2020 solo un 72% de mujeres estuvieron acompañadas durante el parto, cifra que en el 2019 era de un 97%, mientras que en el trabajo de parto se observa una baja de 43% versus el 72% de mujeres que parían acompañadas en el 2019. Estas prácticas vulneran el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y procesos reproductivos, afectando la satisfacción de la mujer con su experiencia de parto, su salud mental y la del recién nacido.
Por eso, la diputada Claudia Mix junto a un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacan la Agrupación Ginecólogas Chile, la Red Chilena de Salud Mental Perinatal, El Observatorio de Violencia Obstétrica, Maternas Chile y la Asociación de Matronas y Matrones de Chile (ASOMAT), coordinadas en la Mesa Social de Parto Respetado, le enviaron hoy una carta a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, solicitando la realización de una reunión para presentarle en detalle el proyecto de ley, el cual busca establecer derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, postparto, aborto en tres causales, salud ginecológica y sexual y violencia obstétrica.
“Necesitamos contar de una vez con una legislación pública integral, que respete a la mujer y personas gestantes en sus derechos y su autonomía sexual y reproductiva, que permita acceder a un parto respetado y que contribuya a frenar la violencia ginecobstétrica, un fenómeno generalizado y sistemático que se da tanto en hospitales públicos, como clínicas privadas”, señalan en la misiva.
El proyecto de parto respetado fue presentado al Congreso en octubre del 2018, pero aún no ha sido puesto en tabla. Por eso la idea es reunirse con la Secretaria de Estado y pedirle su apoyo para que que la iniciativa pueda convertirse en ley. “Ojalá que la ministra pueda reunirse con nosotras y que le dé una buena acogida a un proyecto que se hace urgente aprobar, pero que lamentablemente lleva más de dos años estancado en el Congreso. Esperamos que situaciones dramáticas como las que vivió Javiera no vuelvan a repetirse nunca más y para eso es urgente urgente que la violencia ginecobstétrica sea sancionada y que los derechos de las mujeres durante el proceso de parto sean respetados”, afirmó la diputada Claudia Mix.
Para Javiera Calabrano, en tanto, “es muy necesario tener una ley de parto respetado, porque es un tema que incluye muchos factores, sobre todo que aborda la violencia obstétrica, la cual está muy presente en nuestro país, lo digo porque lamentablemente fui víctima de ella, lo cual me hace pensar que si hubiese estado esta ley ya implementada, no se realizarían tan comúnmente este tipo de prácticas, ya que las mujeres tendríamos un respaldo que nos avalara y también estaríamos muchos más informadas. Esperamos que esta ley sea establecida en la brevedad posible, ya que lamentablemente se siguen cometiendo graves faltas y es algo que no puede seguir así”.
Por su parte, Katiuska Rojas, directora ejecutiva de ASOMAT y vocera de la Mesa Social de Parto Respetado, señaló que “es muy importante que se pueda legislar sobre los tipos de políticas públicas y las prácticas médicas y ginecobstétricas que generan violencia sobre las decisiones y los cuerpos de las mujeres. Se necesita una renovación y una mejora de los tipos de profesionales de la salud, en cómo atienden actualmente y también el tipo de política de Estado que tenemos en nuestro país, que no se permita ni tolere ningún tipo de violencia en contra de la mujer, con una perspectiva de género en donde ya no tengamos modelos de salud con un sistema patriarcal y conservador, sino que podamos abrir espacios de buen trato, de buenas formas, donde se pongan en el centro las decisiones de las mujeres y también se respeten sus derechos sexuales y reproductivos”.
Santiago de Chile, 19 de abril 2021
Crónica Digital
