El estado norteamericano de Florida puso en vigor una de las leyes antiinmigrantes más estrictas del país, pese a los esfuerzos de activistas para presentar una demanda judicial en su contra.
La normativa SB 168 prohíbe en el territorio las llamadas ciudades santuario, opuestas a cooperar con las autoridades federales en el proceso de deportar a extranjeros sin documentos.
Asimismo exige a las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía el cumplimiento de la ley federal sobre dicho asunto y el trabajo con entidades como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés).
Esa colaboración contempla los polémicos pedidos para que se mantengan en las cárceles para deportación a las personas detenidas, muchas veces por infracciones menores, aunque no exista una orden al respecto de un juez o un fiscal, expusieron reportes de prensa.
Más allá de su entrada en vigor este lunes, la nueva ley concede tres meses de margen a las autoridades policiales para comenzar la activa cooperación con el ICE sin temor a ser sancionadas si se niegan al trabajo conjunto.
Por su parte, grupos de defensa de los derechos civiles y los inmigrantes continúan con la tarea de informar a los indocumentados de que, sea cual sea su estatus, tienen derechos constitucionales.
También les explican que ningún policía debe preguntar sobre su situación migratoria, y que pueden permanecer en silencio, no contestar a los agentes, pedir la asistencia de un abogado y negarse a abrir la puerta de la casa.
Sin embargo, también reconocen que hay miedo en la comunidad de inmigrantes por esta ley y las redadas contra esas personas que anunció hace poco el presidente norteamericano, Donald Trump, cuyas políticas migratorias reciben rechazo a nivel nacional y foráneo.
Washington, 1 de julio 2019.
Crónica Digital / Prensa Latina.
