Bajo la gestión del Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, una de las principales campañas mediáticas emprendidas desde la Secretaría de Estado fue la denominada “Operación Rescate”, en virtud de la cual “La Tercera” anunció el 26 de diciembre de 2018 en su portada que “Bienes Nacionales ha recuperado propiedades por $140 mil millones”.
En ese contexto, causó sorpresa una investigación del diario electrónico “Interferencia”, publicada el 17 de junio pasado, que se titulaba: “La ‘Operación Rescate’ que no fue: Bienes Nacionales anunció recuperación de inmuebles que nunca dejaron de ser del Fisco”. El trabajo señalaba que “según el balance oficial del ministerio al 30 de noviembre de 2018 (…) del total de 483 propiedades fiscales de la Región Metropolitana que el Ministerio de Bienes Nacionales dice haber recuperado para el fisco, el 100 por ciento fue detectado en condición de ocupación irregular o ilegal antes del gobierno actual, y de estas propiedades, su totalidad sigue a manos de los antiguos ocupantes irregulares o ilegales”.
Explicaba que “lo más curioso resulta al constatar que del total de las 483 propiedades fiscales de la Región Metropolitana consideradas dentro de la recuperación, un 85% (es decir, 413 de ellas) estaban y están siendo ocupadas por organismos del Estado (…) En otras palabras, el fisco estaría “recuperando” inmuebles que estaban y continúan ocupados por propias entidades del fisco (…) En el caso de las 413 propiedades que estaban y están ocupadas en esta región, 186 corresponden a la Fuerza Aérea de Chile, 148 a municipalidades, 39 al Ejército de Chile, 33 a Carabineros de Chile, cuatro a la Dirección General de Movilización Nacional, dos a la Defensoría Penal Pública y uno al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género”.
Por otro lado, es menester agregar a esos antecedentes que la “Operación Rescate” no constituye una política original del actual Gobierno, ni tampoco es mérito de la actual administración de Bienes Nacionales. La normalización de las ocupaciones irregulares de inmuebles fiscales, y los esfuerzos por poner fin a las ocupaciones ilegales, fue una política permanente del Ministerio de Bienes durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Fue el programa denominado “gestión y normalización de inmuebles con ocupación irregular”, para el que fueron asignados recursos del presupuesto del Ministerio de Bienes Nacionales: en 2014 los recursos ascendieron a $252 millones y a $262 millones en 2015, con en el objetivo de poner término a 1.572 ocupaciones irregulares e ilegales. El último año de nuestra gestión en el Ministerio, el 2016, fueron otros 262 millones para normalizar 1.200 propiedades fiscales. Ese mismo año se emprendieron 3.373 fiscalizaciones.
Hay que señalar que en el primer Gobierno de Sebastián Piñera se hizo en Bienes Nacionales un esfuerzo importante en esta materia, en el marco de un programa que permitió fiscalizar en terreno 6.687 sitios. Nosotros dimos continuidad a ese esfuerzo y lo fortalecimos.
En “El Mercurio” del 6 de junio de 2016, se informaba que Bienes Nacionales, en nuestra gestión ministerial, había resuelto 1.572 casos de un total de 5.643 propiedades en situación de ocupación irregular en las 15 regiones del país.
¿Por qué hablamos de “normalización” y no de una “recuperación”, como lo hizo la actual administración de Bienes Nacionales?
En los casos de ocupaciones irregulares se trata de situaciones en donde alguna vez existió un acto de disposición de propiedad fiscal en beneficio de un tercero (un organismo del Estado, una entidad de la sociedad civil o una persona natural), que consideraba un plazo de vigencia y que, una vez cumplido, por una diversidad de razones el inmueble no fue devuelto en su administración al Ministerio o no fue solicitada la renovación y ampliación de plazo. En el caso de las ocupaciones ilegales, se trata de aquellas en que nunca existió un acto formal que le permitiera a la entidad o persona su instalación en ese inmueble fiscal.
En los casos de ocupación irregular la propiedad o dominio de estos inmuebles continúa en manos del Fisco: no se puede entonces recuperar lo que no se ha perdido. Además, en no pocos de estos casos estamos hablando de situaciones en que los ocupantes irregulares son entidades del Estado. En segundo lugar, la resolución de esas ocupaciones es un acto de administración, un acto jurídico, que otorga regularidad jurídica a los ocupantes. No estamos hablando de inmuebles usurpados al Estado, en que el Fisco desaloja físicamente a los ocupantes y redestina el uso del inmueble.
Respecto de las ocupaciones ilegales, en nuestra gestión, los antecedentes de los casos detectados se entregaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para iniciar juicios de restitución. También se enviaron los antecedentes a los gobernadores provinciales para que se procediera al desalojo. Sólo en estos casos se podría hablar de una recuperación.
A través de la primera vía logramos la restitución del inmueble fiscal conocido como Sporting Club, emplazada en Avenida Bellavista N°180, que se encontraba ocupada de forma ilegal desde 1996, y que colocamos luego a disposición de la Municipalidad de Recoleta para un proyecto deportivo abierto a la ciudadanía. Por el camino administrativo, se recuperó un inmueble en calle Libertad, donde funcionó en el pasado la Sociedad Protectora de Animales, y donde hoy se emplaza el jardín infantil y sala cuna Libertad, ubicado en el centro de la capital, con más de 1.200 m2 construido y que es el más grande de la Región Metropolitana.
Por Víctor Osorio. El autor fue Ministro de Bienes Nacionales.
Santiago, 29 junio 2019
Crónica Digital.
