La indignación generada por la libertad condicional a siete condenados por violaciones a los Derechos Humanos sigue creciendo en la ciudadanía, que desde hace una semana se ha manifestado en el frontis de la Corte Suprema.
En ese marco se desarrolló una reunión entre la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Comisión Chilena de Derechos Humanos con los representantes de todas las bancadas de oposición, para intercambiar opiniones y sugerencias en torno a las acciones que frenen un camino de impunidad en los tribunales de justicia.
Una idea que ha generado amplio consenso es la acusación constitucional contra los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema, por la figura de “notable abandono de deberes” en los siete casos de libertades condicionales concedidas.
Si bien la acusación debe ser confirmada tras los debates internos que aún faltan en algunas bancadas, el ánimo general es favorable para una presentación realizada en unidad de toda la oposición.
El jefe de la bancada del Partido Comunista, diputado Daniel Núñez, sostuvo al respecto que existe “la necesidad y pertinencia de actuar por estos fallos tan brutales que han liberado a los genocidas de Punta Peuco. La verdad es que ya hay bancadas que decidieron presentar la acusación constitucional, tal como las bancadas PC, PPD, y ya ahora mismo hay bancadas que tienen disposición de apoyarla como Revolución Democrática, la Federación Regionalista. Hay tres bancadas que quedaron de discutir el tema mañana para tener una posición, pero creo que hay buen ánimo y creo que es muy importante que las bancadas puedan actuar unidas para llevar adelante una acusación constitucional”.
“Si hacemos una acusación de toda la oposición, es importante que todas las bancadas redactemos ese libelo y por lo tanto, pensamos que hay que darse un tiempo necesario para darle una buena redacción que ratifique jurídicamente lo que todos los chilenos y chilenas sabemos. Que acá se está avalando la impunidad, se están liberando a los criminales y eso viola la legislación chilena, viola la legislación internacional y lo más importante de todo, violenta a toda la sociedad chilena, porque esto es un acto inmoral”, agregó el diputado Núñez.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, valoró los esfuerzos de las bancadas para avanzar en una acusación constitucional, al que se pueden sumar otras iniciativas parlamentarias que vayan en la dirección de terminar con acciones que avalen la impunidad.
“Hemos hecho una llamado para frenar esta ofensiva de impunidad que se ha materializado con esta situación gravísima que estamos viviendo en la sala penal de la Corte Suprema. Hay un absoluto entendimiento de la gravedad del momento que se está vivienda. Hay bancadas que aún no han discutido el tema, pero sí hay una absoluta coincidencia respecto de que esto hay enfrentarlo”, señaló Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD.
Finalmente, la diputada Carmen Hertz, presidenta de la comisión de DD.HH., especificó que los ministros, con estas acciones, “descartan el Estatuto de Roma como Ley de la República, lo que es una barbaridad. El Estatuto de Roma es Ley de la República (…) Además los ministros están obligados a adecuar sus fallos al orden internacional en materia de protección de los Derechos Humanos. Es una obligación que la Corte Interamericana lo ha establecido muy claramente”.
Santiago de Chile, 7 de agosto 2018
Crónica Digital
