La Cámara de Diputados despachó el pasado martes al Senado el proyecto que hace aplicable a los funcionarios públicos y municipales el procedimiento de tutela laboral contemplado en el Código del Trabajo para la protección de garantías fundamentales. La diputada Karol Cariola sostuvo que la aprobación de esta iniciativa es un “acto de justicia”.
En el marco del debate sobre el proyecto de ley que extiende el procedimiento de Tutela Laboral a los trabajadores y trabajadoras del Sector Público, desde la bancada PC valoraron la aprobación en particular de la iniciativa, cumpliendo de esta forma con su segundo trámite parlamentario.
La diputada Karol Cariola, integrante de la comisión de Trabajo de la Cámara, señaló durante el debate en la Sala de la Cámara que como bancada PC “nos parece absolutamente necesario que todos los trabajadores y trabajadoras, sin ninguna distinción, tengan contemplados totalmente sus derechos laborales. Actualmente, el Código del Trabajo contempla la Tutela Laboral como un procedimiento especial destinado a reclamar judicialmente la vulneración de sus derechos”.
La parlamentaria detalló que “ha ocurrido que la Corte Suprema ha interpretado en sus sentencias que cuando se trata de procedimientos para proteger derechos, en el caso de la tutela laboral, se aplica para trabajadores sujetos al Código del Trabajo, pero también para los funcionarios públicos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional una vez más restringiendo derechos, falló que el ámbito de aplicación estaba restringido solo a trabajadores y trabajadoras sujetos al Código del Trabajo.
Cariola explicó que el criterio del Tribunal Constitucional perjudica severamente a los trabajadores y trabajadoras del sector público, razón por la que aprobarlos “es un acto de justicia”. “Lamentablemente esto no resuelve otros elementos de precarización que tienen los trabajadores del Estado, como por ejemplo el caso de los trabajadores a honorarios”, concluyó.
La iniciativa de esta forma cumple su segundo trámite y pasará al Senado para su debate y análisis final.
Santiago de Chile, 5 de marzo 2020
Crónica Digital