A través de una declaración pública, las Juventudes Comunistas criticaron duramente el anuncio del gobierno de aumentar las penas a menores de edad que infrinjan la ley, bajo una modificación a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
En este sentido, el Presidente de las JJCC, Camilo Sánchez, aseguró que “el gobierno sobre la infancia usa la zanahoria y el garrote; la zanahoria es para la foto y el garrote para la juventud más pobre”.
Cabe señalar que en la declaración pública, se hace énfasis en que de llevarse a cabo este aumento de penas, se estaría vulnerando la Convención de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, dado que en su artículo 40 establece la necesidad de enfocarse en la reinserción del joven infractor de ley.
A raíz de los últimos anuncios del gobierno de Sebastián Piñera, en lo que respecta a la modificación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para elevar las penas a jóvenes infractores menores de edad, como Juventudes Comunistas de Chile declaramos lo siguiente:
- Lamentamos que, de manera populista e irresponsable, la derecha insista en una fracasada política de seguridad pública centrada en el aumento de penas, la cual ha sido refutada tanto por los hechos como por estudios sobre la materia. Elevar las condenas de infractores de ley no inhibe el delito, ya que este se sostiene fundamentalmente por la altísima segregación que vive el pueblo chileno, expresado esto en el desigual acceso al trabajo, educación, salud y vivienda, entre otros aspectos.
- Las declaraciones de Katherina Martorell, paradójicamente Subsecretaria de Prevención del Delito, quien señala que las sanciones deben ser más duras para adolescentes, demuestra no solo su poco entendimiento del rol preventivo del delito que le confiere su cargo, sino que retrata de cuerpo entero a un gobierno que no cree en la prevención ni en la reinserción social, sino que solo en la condena.
- Las cifras demuestran el escandaloso hacinamiento de las cárceles chilenas, algunas de las cuales se ubican por sobre el 88% de sobrepoblación. Así mismo, estudios revelan que la mitad de la población penal adulta pasó su infancia o adolescencia por algún centro de menores vinculado al SENAME. Estos datos revelan que el fenomeno de la delincuencia debe ser prevenido principalmente en la niñez y adolescencia, donde el foco debe estar puesto en la educación, a la vez que se requiere priorizar esfuerzos en la reinserción social para evitar la reincidencia en la adultez y combatir la sobrepoblación penal. Chile exige invertir más en nuestros barrios y escuelas que en las cárceles.
- Debemos recordarle al Presidente de la República, Sebastián Piñera, que la Convención de Derechos del Niño, Niña y Adolescente sigue vigente en Chile, y que el artículo 40 de dicha Convención “reconoce el derecho de todo/a niño/a de quien se alegue que ha infringido las leyes penales, o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño/a por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, y en la que se tengan en cuenta la edad del niño/a y la necesidad de promover la reintegración del niño/a y de que asuma una función constructiva en la sociedad”.
- Lo anterior es muestra de la incoherencia de un Presidente que, por una parte indica que “los niños están primero” y llama a un acuerdo nacional por la infancia, y por la otra busca vulnerar tratados internacionales igualando el trato hacia niñas y niños infractores con la población adulta, silencia ante el abuso policial contra estudiantes chilenos, y desconoce los debates avanzados en el parlamento en materia de derechos para la infancia.
- Invitamos a todos los sectores democráticos, especialmente juveniles, a rechazar este como cualquier otro intento de sobrepasar la Convención de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y a dialogar para confluir en propuestas que apunten a estimular la seguridad pública desde el fortalecimiento de las organizaciones barriales, el efectivo y democrático aporte de las fuerzas de orden, el igualitario acceso a los derechos sociales y la reinserción de quienes infringen la ley.
Santiago de Chile, 12 de junio 2018
Crónica Digital
