Desde hace 28 años los Gobiernos transicionales han venido sistemáticamente pisoteando los derechos de las víctimas sobrevivientes, omitiendo y transgrediendo los tratados internacionales suscritos por Chile y desentendiéndose de su ineludible obligación de VERDAD, JUSTICIA y REPARACIÓN. Todo esto cómo consecuencia de impúdicos pactos de impunidad con la dictadura y sus verdugos. Pacto que es parte del juego político, que pone todo al servicio de voraces expoliadores, de los mercaderes insaciables de riqueza y poder, que han institucionalizado la corrupción y la inmoralidad, comprando votos y voluntades, instalando así en nuestro país, el neoliberalismo más brutal de todo el orbe.Estos dichos se respaldan en la cruda realidad que podemos observar hoy. Pasado ya 28 años de la vuelta a la “democracia”, no se ha logrado establecer el destino de los detenidos desaparecidos. Hasta el momento sólo unos cuantos juicios han terminado con una condena y la mayoría de ellos a penas tan bajas en relación a los crímenes cometidos, que les permite cumplir la pena en libertad en sus casas, y aquellos que llegan a cumplir penas efectivas lo hacen en cárceles de lujo. Para ello los tribunales siguen aplicando argumentos como la “irreprochable conducta anterior”, además de aberraciones jurídicas, como la media prescripción, que al aplicarse bajan considerablemente las penas y permiten el cómodo cumplimiento de ellas en el seno de la familia.
En el caso de los ex prisioneros políticos y torturados, gracias al artículo 15 de la Ley 19.992, la impunidad es completa ya que el Gobierno en vez de entregar las denuncias a los tribunales de justicia, para que se investigue y sancione los crímenes de tortura, ordenó en esa ley el secreto más estricto sobre los antecedentes denunciados por las víctimas de prisión política y tortura. De acuerdo al Derecho Internacional Humanitario, es el Estado, quien tiene la obligación de denunciar estos hechos ante los tribunales de justicia, para que éstos a su vez puedan investigar y castigar a los responsables. Pero contrariamente, en Chile, desde el Estado se ha montado una maquinaria de encubrimiento y de impunidad, que ha impedido investigar a los criminales y torturadores.
La falta de justicia, frente a los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile, impide a la sociedad tener una correcta percepción ante los horrores cometidos durante los 17 años de dictadura; es la que permite la relativización moral: el negacionismo. La falta de justicia anima a sectores más conservadores y pinochetistas, a desarrollar una campaña para aumentar los niveles de impunidad; disfrazadas como campañas humanitarias que buscan la liberación de los pocos condenados que se encuentran recluidos en Punta Peuco. Criminales que disfrutan de una cárcel de lujo, perciben sus pensiones millonarias, acrecentadas con bonos por un supuesto estrés postraumático, de su “guerra sucia”.
Detrás de este objetivo se ha logrado alinear a políticos e instituciones estatales, como el Tribunal Constitucional (TC), al paralizar algunos juicios por crímenes de lesa humanidad, o la Contraloría General de la Republica, entregando, un cheque en blanco al presidente Piñera para indultar a los criminales de Punta Peuco.
Mientras todo esto ocurre, se ignora e invisibiliza la lucha de las organizaciones de derechos humanos en general, y la de los ex prisioneros políticos, en particular. Se les atropella, se les falta el respeto, una y otra vez, provocando una reiterada revictimización y con ello profundizando el daño. Hasta ahora el Estado de Chile y la sociedad en su conjunto no ha hecho justicia; al contrario, las víctimas ante la impunidad reinante se ahogan de dolor, impotencia y sufrimiento; por su parte, los criminales se vuelven cada vez más osados, desinhibidos, y no tienen problema en asumir con orgullo y públicamente sus crímenes, apoyados por “demócratas”, con inmunidad parlamentaria desde las instituciones más representativas de la “democracia” como lo es el Parlamento. Las actitudes de personajes como Urrutia, J.A. Kast, del teniente (r) del Ejército, Adolfo Rojas Bustamante quien orgullosamente “confiesa haber participado en diversas ejecuciones y asesinatos de ciudadanos chilenos”, y el lanzamiento del libro de Álvaro Corbalán, entre otros, son un producto, una consecuencia de la impunidad reinante, impunidad de la que son responsables los Gobiernos pos dictadura.
En respuesta a la indiferencia, al negacionismo, al pacto de impunidad, a la complicidad de los sectores más conservadores, es que la UNIÓN DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS DE CHILE ha tomado la iniciativa de presentar querellas criminales colectivas, ordenadas por centro de tortura, en todo Chile. Hoy 11 de junio de 2018, se está presentando en Santiago la primera querella por tortura y otros delitos de lesa humanidad, cometidos en el Estadio Nacional entre otros centros de tortura.
Instamos a todas las víctimas de la dictadura, como asimismo a todas las organizaciones que quieran luchar seriamente en contra de la impunidad reinante, a impulsar acciones judiciales similares para permitir, con ello, que los Tribunales cumplan con su misión fundamental, de establecer la verdad, castigar a los responsables de los crímenes y reparar adecuadamente a las víctimas y sus familiares. Es evidente que los diversos Gobiernos han desconocido la validez y la fuerza obligatoria al pago de su deuda y compromisos ante la comunidad internacional. Es decir, tendremos que ser nosotros mismos quienes asumamos la tarea de poner en acción la justicia.
No más excusas como la “justicia en la medida de lo posible”. La magnitud de los crímenes exige JUSTICIA PLENA. ¡Nada más, pero nada menos!
¡UNEXPP DE CHILE EN LA LUCHA!
Santiago de Chile, 11 de junio 2018
Crónica Digital
