Si bien el diputado votó favorablemente la iniciativa del Ejecutivo que otorga un bono solidario de alimentos de $40.000 y $7.400 por hijo menor de 18 años para las familias más vulnerables, puso sobre la mesa la necesidad que el país debata con seriedad en torno a la propuesta de la CUT de un ingreso mínimo de $250.000. Carmona identificó además una serie de falencias en el proyecto del Ejecutivo hacia los adultos mayores, las personas con discapacidad y los hijos de parejas que no están casadas.
La Cámara de Diputados aprobó este proyecto que de acuerdo al Ejecutivo, busca ayudar a las familias más vulnerables que son las que destinan más del 30% de sus ingresos mensuales a la alimentación. Sin embargo, la iniciativa fue calificada como “insuficiente” por el diputado Lautaro Carmona, parlamentario integrante de la Comisión de Superación de la Pobreza.
Carmona indicó en este sentido que el Ejecutivo debe partir por “cuestionar el nivel de ingresos en Chile y por eso apoyamos la propuesta de la CUT de un salario mínimo de $250.000 y complementariamente, una reajustabilidad que permita que las familias según su propio trabajo y dignidad, puedan cubrir los efectos de la inflación sobre los alimentos”.
El diputado PC indicó que con este proyecto, el gobierno reconoce que el aumento de los precios de la canasta de alimentos duplican el promedio del IPC normal, es decir “las familias que destinan un porcentaje altísimo a cubrir con sus ingresos el alimento, los transportes y los servicios para vivir, tienen un golpe muy fuerte en lo que es su poder adquisitivo, dado que se reajustan sus ingresos por la vía del IPC promedio, lo que es insuficiente”.
“Lo que se hace como política oficial de Estado es resguardar el poder adquisitivo de los que tenemos ingresos mucho mayores y afectar el poder adquisitivo de quienes tienen menores ingresos y me parece una cosa injusta, falta de ética y que no es digna del poder legislativo y del Estado para con este sector”, afirmó Carmona.
La propuesta del parlamentario es clara “se debe construir un indicador de precios que esté vinculado a la canasta de los pobres y que sea ese el mecanismo que contribuya a crear a una escala de precios –lo que los especialistas llaman indexar- que oriente la asignación de recursos proveniente de los bonos para quienes perciban por debajo de los $300.000”.
Carmona detectó una serie de falencias en la iniciativa que ahora se discutirá en el Senado y que pasan por “una injusticia hacia los adultos mayores y lo mismo con las personas mayores de 18 años que presentan algún grado de discapacidad y con los hijos de parejas no legalizadas, es decir, no casadas, como si ellos tampoco tuvieran derecho a ir a comprar”.
El bono se entregará a 1.900.000 familias chilenas, esto es, aproximadamente 7 millones de personas, incluyendo a 2,7 millones de menores de edad y el bono tendrá una base de 40 mil pesos, más un extra de 7.500 pesos por cada hijo menor de 18 años.
Para recibir el beneficio, será necesario que la familia tenga una ficha de protección social vigente, aunque no se requerirá de un puntaje específico. Además, se exigirá que, al menos, un integrante sea beneficiario de la Asignación Social (con registro al 31 de marzo de 2012); de la Asignación Familiar o Familiar Maternal (con tope de ingreso en los 480 mil 162 pesos y con registro al 31 de diciembre de 2011); o del Subsidio Único Familiar (con registro al 31 de diciembre al 2011).
Santiago de Chile, 7 de junio 2012
Crónica Digital
