En conferencia de prensa realizada este viernes 8 de enero, la AFEP, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, la Comunidad Ecuménica Martin Luther King y la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi manifestaron enérgicos cuestionamientos tanto a autoridades castrenses como de gobierno frente a lo que consideran una estrategia destinada a favorecer la impunidad frente a las graves violaciones a los derechos hmanos cometidas bajo la dictadura cívico-militar.
En la declaración pública expresaron:
“Vemos con enorme preocupación, como se pretende entorpecer el trabajo de los jueces que sustancian investigaciones de los crímenes cometidos en dictadura. En este sentido nos parecen graves las declaraciones tanto en su forma y contenido; del actual comandante en jefe de la armada Enrique Larrañaga Martin,quien en declaraciones hechas a la radio Valentín Letelier el día 16 de diciembre de 2015 expresa que “existen casos que han sido llevados con injusticia por parte del poder judicial, como también hay otros que han sido tratados con justicia, pero lo importante es dejar el tema atrás, pues ya han pasado 40 años”; así como del ex comandante en jefe de la misma rama Castrense, Miguel Vergara, el cual señala en entrevista al periódico El Mercurio el día 29 de octubre de 2015 que “la cuerda se estaría estirando demasiado” refiriéndose a la prolongación de las investigaciones por violaciones de derechos humanos cometidos por uniformados durante la dictadura cívico-militar.
Otro echo que confirma esta escalada de presiones al Gobierno y al poder judicial es la reciente querella interpuesta por un grupo de ex miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en contra del ex juez Alejandro Solís y otros magistrados jubilados y en funciones que han fallado en causas de derechos humanos, acción que repudiamos fuertemente ya que solo busca impunidad para quienes cometieron asesinatos, desaparición y tortura.
A nuestro entender las violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura no fueron producto de excesos de algunos militares, sino que fue una política sistemática de represión, tanto de las policías secretas como de las ramas castrenses.
El Comandante en Jefe del Ejército Humberto Oviedo, declaró el día 26 de diciembre 2015 a los medios de comunicación, que haría entrega de un documento que informara sobre los aportes del Ejército al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos, a más tardar a fines de Diciembre de 2015. Nada de eso ocurrió, ni el informe, ni los aportes, sólo quedó el anuncio de una acción que no se cumplió.
Por su parte los abogados de los militares condenados por violaciones de Derechos Humanos, de forma inédita, han recurrido al Tribunal Constitucional para frenar el dictamen de la Corte Suprema de autorizar el nombramiento de un Ministro en Visita para todas las causas de violaciones a los derechos humanos, esgrimiendo razones de desigualdad ante la ley. Estos argumentos son una vergüenza para el país, ya que sólo los militares (y algunos connotados políticos de derecha), logran conseguir privilegios por parte de la Justicia. Recordemos que más de la mitad de los condenados cumplen sentencia en libertad.
Otro hecho que nos parece grave es la compra de un departamento para Emilio Neira Donoso, agente de la CNI, perpetrador del asesinato de Recaredo Gálvez; el cual queda al descubierto en el marco de las investigaciones por los dineros defraudados en el caso conocido como milicogate. Cabe señalar que las condenas por violaciones a los derechos Humanos, son considerados crímenes de lesa humanidad, o sea que atentan contra toda la humanidad y no sólo se enmarcan en la individualidad de las víctimas. En este sentido cabe preguntarnos si este hecho es un caso aislado o es una nueva práctica de amparo y defensa de las fuerzas armadas hacia los violadores de Derechos Humanos.
Estos antecedentes son de una profundad gravedad y nos preocupa de sobremanera el silencio de las autoridades frente al actual escenario. No entendemos porque no ha habido un pronunciamiento claro y explícito por parte del ministro de Defensa, condenando las declaraciones del ex comandante Vergara, las que representan una amenaza para la Democracia. Nuevamente somos los organismos de Derechos Humanos y Memoria, quienes debemos salir al paso de estas declaraciones, sin que exista un pronunciamiento por parte de las autoridades políticas del país. Nos parece que el silencio cómplice de las autoridades va en favor de la Impunidad y el Olvido, y no contribuyen a los anhelos de Verdad, Justicia y Memoria, ejes centrales de nuestras demandas de ayer y hoy.
Ante los hechos expuestos anteriormente,una vez más exigimos a las Fuerzas Armadas se desliguen de la sombra de la Dictadura, que pongan fin a los pactos de silencio que encubren a los culpables de crímenes de lesa humanidad, que desclasifiquen y entreguen toda la información acerca de la represión ejercida en Chile entre 1973 y 1990; exigimos también la degradación inmediata de todos miembros de las fuerzas armadas y de orden involucrados en violaciones a los derechos humanos, el fin de los privilegios carcelarios para los condenados por crímenes de lesa humanidad y el fin del envío de las fuerzas armadas y de orden a formarse en la Escuela de las Américas.
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos AFEP
Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad
Comunidad Ecuménica Martin Luther King
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Santiago de Chile, 9 de enero 2016
Crónica Digital
