Los nuevos cargos de “vandalismo” formulados contra los miembros de la tripulación del Artic Sunrise de Greenpeace participantes en la protesta organizada el mes pasado en aguas rusas son inapropiados y deben retirarse, ha manifestado Amnistía Internacional.
En una declaración hecha el miércoles, el Comité Federal de Investigaciones de Rusia dijo que iba a retirar los cargos de piratería presentados en un principio contra los activistas para sustituirlos por otros de “vandalismo”. La pena máxima prevista en la legislación rusa son siete años de prisión.
“Los cargos de piratería presentados en un principio en este acaso eran manifiestamente absurdos, pero los nuevos no son mejores –ha señalado John Dalhuisen, director del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central–. El vandalismo es un delito grave en Rusia, y no debe procesarse por algo así a ninguna personas participante en una protesta pacífica.”
Según el Código Penal ruso, sólo pueden presentarse cargos de vandalismo contra quienes utilicen armas para cometer infracciones graves del orden público por motivos de odio a un determinado grupo social, religioso, étnico o racial.
La disposición es poco precisa y se presta a ser utilizada indebidamente, y Amnistía Internacional cree que no debe aplicarse en este caso.
“La ruleta rusa de cargos penales debe parar. Los 30 activistas del Artic Sunrise deben ser puestos en libertad de inmediato, y las autoridades rusas deben poner fin a sus infundados intentos de procesarlos penalmente”, ha añadido Dalhuisen.
“Hay un motivo oculto tras los reiterados intentos de las autoridades rusas de presentar cargos penales cuando, según la legislación rusa, sólo cabe imputar faltas administrativas a los activistas de Greenpeace detenidos: quieren indicar de manera contundente que no van a tolerarse las protestas ni siquiera si son pacificas y que toda infracción se castigará con severas penas por pequeña sea.”
También se presentó el cargo de “vandalismo” contra las integrantes de la banda punk rusa Pussy Riot el año pasado. Amnistía Internacional hizo campaña contra la aplicación del cargo en este caso y considera a dos de las mujeres, que cumplen una condena de dos años de prisión en un campo de trabajo, presas de conciencia.
Santiago de Chile, 25 de octubre 2013
Crónica Digital
