Tras 8 años de tramitación y luego de ser aprobada por la Cámara de Diputados y la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, restan solo dos meses para que el proyecto sea aprobado en la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta, antes de tome el control el oficialismo, contrario a los cambios que buscan asegurar el consumo humano, la protección de los ecosistemas y evitar la especulación.
Contra el tiempo. Así de ajustado es el timing de la Comisión de Agricultura del Senado para despachar la reforma al Código de Aguas, tras 8 intensos años de tramitación desde que fuera ingresada por un grupo transversal de diputados en 2011. El motivo, el inminente cambio en la presidencia de la comisión, el 11 de marzo de 2020, momento a partir del cual quedaría en manos de la Unión Demócrata Independiente, la cual junto a Renovación Nacional demostró hace pocos días su oposición al objetivo central del proyecto al rechazar en el Senado la reforma constitucional que transforma el agua en un bien nacional de uso público.
Aprobado por la Cámara de Diputados en 2016 y posteriormente por la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, en su trayecto el proyecto ha debido superar diversos escollos. Retrasos en su tramitación producto de audiencias en cada una de las comisiones en que ha sido visto (repitiéndose en cada instancia muchos expositores), una indicación sustitutiva ingresada en 2014 por el gobierno de Michelle Bachelet y múltiples otras presentadas en enero de este año por la actual administración, tendientes a revertir lo avanzado y asegurar el derecho de propiedad perpetuo sobre las aguas, bajo el concepto de mantener la “certeza jurídica”.
Hoy la Comisión de Agricultura es presidida por el socialista Álvaro Elizalde, contando la oposición con mayoría al ser integrada por Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC), Carmen Gloria Aravena (indep.) y Juan Luis Castro (RN). Si embargo, producto de previos acuerdos de comité, a partir del 11 de marzo la comisión pasará a manos de la UDI y lo más probable es que sea Juan Antonio Coloma el designado, parlamentario que ha participado en varias sesiones en reemplazo de Aravena ocasión en que ha dejado en claro su cuestionamiento a la forma en que ha avanzado el proyecto.
En este sentido, la oposición privilegió mantener la presidencia en comisiones como las de Hacienda, Educación, Trabajo o Salud. En el caso de Minería y Energía también pasaría al oficialismo.
En la práctica y considerando el receso legislativo de febrero, son unas pocas sesiones las que restan para despachar el proyecto previo al cambio de conducción en la comisión. Incluso el lunes 6 último no hubo sesión.
Lento ha sido el avance desde que agosto de 2017 la iniciativa pasó a la Comisión de Agricultura. Tranco que se aceleró a principios del año pasado cuando el Ejecutivo ingresó sus indicaciones, parte importante de las cuales han sido rechazadas. Esto podía revertirse con una presidencia oficialista, dadas las facultades para poner en discusión los proyectos, retirarlos, suspender citaciones, extender horarios e incluso aumentar el número de sesiones, entre otras técnicas legislativas.
“Creemos que es fundamental que la oposición, que ha mostrado un compromiso con la necesidad de asegurar el consumo humano, la protección de los ecosistemas y evitar la especulación, apruebe la reforma en la Comisión de Agricultura en las pocas semanas que quedan antes de marzo” expresó al respecto la directora de Chile Sustentable Sara Larraín. Esto ha ocurrido, explicó, fundamentalmente por la poca convicción que se aprecia a veces en la presidencia con respecto a la urgencia de la reforma, junto a “las tácticas dilatorias del gobierno, con múltiples y complejas indicaciones que complican una expedita tramitación”.
“Continuar retrasando el cambio normativo seguirá profundizando la crisis hídrica, que no solo es producto del cambio climático y redistribución sino de la explotación, saqueo más bien, de las cuencas y acuíferos, avalado por el código vigente y la Constitución que transforman el agua en una mercancía sujeta a la propiedad privada y no enfocada al bien común” indicó Larraín.
En este sentido, recordó que un desafío fundamental en 2020 será el debate sobre la nueva Constitución, donde uno de los objetivos de la sociedad civil será proteger el agua como un derecho humano fundamental y vital para los ecosistemas y las actividades de subsistencia.
“De no tomar medidas a todo nivel, incluido el normativo con la reforma al Código de Aguas, es muy posible que la crisis hídrica siga avanzando hacia el sur con efectos aún insospechados” puntualizó la directora de Chile Sustentable.
Santiago de Chile, 10 de enero 2020
Crónica Digital
