Aunque el gobierno francés insiste en defender la actuación de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones de los chalecos amarillos, cada día se multiplican los cuestionamientos emitidos tanto en el país como a nivel regional e internacional.
La movilización suma ya 17 sábados consecutivos de acciones a nivel nacional en contra del Gobierno de Emmanuel Macron, y en cada jornada se registran numerosos heridos y detenidos, a veces con escenas de alta tensión que recuerdan imágenes de una guerra civil.
Las autoridades defienden como “proporcionado” el uso de la fuerza por parte de la policía y la justifican aludiendo a los disturbios promovidos por grupos aislados de ciudadanos, pese a que la mayor parte de las manifestaciones transcurren de forma pacífica.
Ante la reiteración de tales hechos, la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó a Francia a desarrollar con urgencia una investigación profunda sobre todos los casos reportados de uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.
Su pronunciamiento llegó luego de que en febrero un grupo de expertos del Consejo de Derechos Humanos publicara un comunicado en el cual indicó que “el derecho de manifestarse en Francia ha sido limitado de manera desproporcionada” y evocó la cifra de mil 700 heridos.
También a nivel regional se han producido cuestionamientos, como el de los diputados del Parlamento Europeo.
Los legisladores denunciaron “las intervenciones violentas y desproporcionadas de las autoridades públicas durante las protestas y manifestaciones pacíficas”, y llamaron al Gobierno a revisar la actuación policial.
Por su parte, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, demandó hace pocos días a París suspender el uso de las balas de caucho durante las manifestaciones, a raíz de las lesiones constatadas entre numerosos participantes.
Tras visitar la nación gala y comprobar la situación personalmente, la alta funcionaria publicó un memorando en el cual pidió poner un alto al empleo de esas armas y realizar una investigación sobre su impacto, así como “más respeto a los derechos humanos” y “no imponer restricciones excesivas a la libertad de reunión pacífica”.
La más reciente alarma también se debe a las balas de caucho y fue emitida la víspera por un grupo de 35 prestigiosos oftalmólogos, quienes enviaron al presidente una carta dirigida a expresar su preocupación ante el aumento reciente de lesiones oculares.
La misiva fue divulgada ayer en “Le Journal du Dimanche”, un mes después de ser remitida, pues los autores no han recibido respuesta y quieren asegurarse de que el mensaje llegue al destinatario.
En el texto, los especialistas alertaron sobre “una cantidad inédita de contusiones oculares graves” en las últimas semanas, por lo que pidieron una moratoria sobre el uso de las balas de caucho.
“Nunca habíamos visto una epidemia así de lesiones oculares”, indicaron, y agregaron que tales heridas “no se deben a la casualidad o a la inexperiencia”.
“La gran cantidad de balas lanzadas con una fuerza cinética conservada a la larga distancia y la imprecisión inherente a esta arma necesariamente implica un gran número de mutilaciones”, argumentaron.
Los oftalmólogos señalaron que al enviar la carta, su intención es solamente “la de los médicos, puramente humanista, con el único interés de evitar otras mutilaciones”.
Hace algunas semanas un grupo de organizaciones no gubernamentales y miembros de los chalecos amarillos presentaron una demanda ante el Consejo de Estado para denunciar el uso de las balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad.
En respuesta, la principal instancia de la jurisdicción administrativa del país consideró que el empleo de esas armas ha sido “proporcionado y bajo control”’, por lo cual la policía tiene el aval oficial para continuar su uso.
Por Luisa María González
París, 11 de marzo 2019
Crónica Digital / Prensa Latina.
