La candidata presidencial del progresismo de Ecuador, Luisa González, no aceptó hoy los resultados que le dan la derrota en la segunda vuelta frente al empresario de derecha y Presidente Daniel Noboa y aseguró que “Ecuador está viviendo una dictadura y el fraude más grotesco de su historia”.
En su primera declaración, tras conocerse los resultados, que le dan un 44,08 % de los votos válidos frente al 55,92 % de Noboa con el 89,59 % de las actas electorales, González anticipó que pedirán que se abran nuevamente las urnas y se vuelvan a contar las papeletas.
En medio de gritos que pedían recuento, González afirmó que se niega a creer que “un pueblo que prefiera la mentira a la verdad, la violencia antes que la paz y la unidad”.
“Vamos a pedir el reconteo y que abran las urnas”, afirmó la aspirante a la presidencia por la Revolución Ciudadana, mientras sus simpatizantes coreaban “fraude, fraude”.
Indicó: “La Revolución Ciudadana siempre ha reconocido una derrota en las elecciones”, cuando así ha sido demostrado. Sin embargo, dijo “hoy no reconocemos los resultados” oficiales. Enfatizó: “El Presidente de la República no tiene el apoyo popular porque está haciendo fraude, el más grotesco fraude y lo denuncio públicamente”.
Detalló: “Hemos presenciado el abuso del poder. Primero, Noboa nunca pidió licencia del cargo; segundo, usó las autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo Electoral para hacer lo que le daba la gana, para atropellar los derechos de los ecuatorianos y la democracia. Y luego (impuso un) estado de excepción. ¿Por qué? ¿Para qué? Para garantizar el más grotesco fraude electoral que estamos presenciando los ecuatorianos”.
“Denuncio ante mi pueblo, ante los medios (de comunicación) y ante el mundo, que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos viviendo el fraude electoral más grotesco de la historia de la República del Ecuador”, dijo González.
Noboa decretó un día antes de la segunda vuelta electoral, estado de excepción en siete provincias, en el municipio de Quito y en las cárceles.
La medida se extenderá por 60 días en los territorios de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, así como en la capital del país, en el cantón Camilo Ponce (provincia de Azuay) y en los centros de privación de libertad.
Mientras esté vigente el decreto, estará suspendido el derecho a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, habrá toque de queda de 22:00 a 05:00 en 22 cantones, y dispone la movilización de la Policía y Fuerzas Armadas.
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador cuestionó el Decreto Ejecutivo 599, que declaró el estado de excepción. La Asamblea advirtió que la medida podría afectar el desarrollo normal del escrutinio y alterar el orden democrático.
El organismo parlamentario recordó, además, que la Corte Constitucional dictaminó que cualquier restricción de los derechos fundamentales debe cumplir con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, incluso en contextos de excepción.
Otro de los que expresó preocupación por la medida fue el jefe de la misión del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, Fausto Liz, quien llamó a un proceso electoral diáfano y creíble.
También Gabriel Fuks, de la misión de observación del Parlasur, advirtió sobre lo alarmante de un decreto que suprime inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de la correspondencia, el derecho a la libertad de reunión y dispone la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) expresó: “Esta estrategia autoritaria compromete gravemente la integridad del sistema democrático y pone en riesgo la transparencia del sufragio. Noboa quiere meterle la mano a las elecciones con la venia del Consejo Nacional Electoral (CNE)”.
El colectivo indígena, rechazó la “maniobra antidemocrática” y denunció que “la democracia no puede ser rehén del cálculo electoral ni del autoritarismo disfrazado de seguridad”
Para la abogada Sonia Vera, esa decisión a menos de 24 horas de los comicios “no es por seguridad, es una operación de control electoral”, porque no existen hechos nuevos ni hay motivación suficiente, “lo que hay es miedo a los votos”.
Las Fuerzas Armadas, con ese decreto de excepcionalidad, quedan habilitadas como un dispositivo de “orden” en los territorios más críticos para el oficialismo, apuntó Vera, para quien eso “es manipulación normativa, intimidación y estrategia electoral autoritaria”.
Según la jurista, así el Gobierno viola el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas, por lo que considera que es un “fraude constitucional por decreto”.
Tras depositar su papeleta en la urna, Laura González señaló que su organización política estará “expectante a que se garantice la democracia”. Y subrayó: “Este estado de excepción es violatorio a nuestros derechos”.
Quito, 13 de abril de 2025.
Crónica Digital.
