La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobó hoy en general y de forma unánime, la moción de los diputados Luis Cuello (PC) y Leonardo Soto (PS) que fija en dos años la llamada “confianza legitima” para los trabajadores del sector público.
Catalogando el resultado de votación como “un pasó muy significativo”, el presidente de la Comisión de Trabajo y uno de los autores del proyecto, diputado Luis Cuello, destacó: “Esto sin duda es una señal potente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados hacia el mundo de los funcionarios y funcionarias públicas”. “Esto significa recoger una demanda sentida, significa también contener una amenaza de precariedad, de inestabilidad y por lo tanto el llamado es hoy día a que el Gobierno también tome una posición, a que le dé urgencia a este proyecto de ley tal como hemos pedido al ministro Elizalde”, enfatizó Cuello.
Por su parte el diputado socialista y también autor de la moción, Leonado Soto, manifestó que el dictamen que emitió la nueva contralora general de la República representa un “retroceso de décadas” en lo que refiere a la estabilidad de los empleados públicos: “La Comisión del Trabajo va a legislar sobre este punto. Va a establecer una decisión que garantice la estabilidad en el empleo para todos los trabajadores públicos, y la prohibición de despidos arbitrarios y abusivos que son los que se están produciendo en este momento. Creo que es un avance desde el punto de vista legislativo, y corresponde ahora que el Poder Ejecutivo, la SEGPRES y el Presidente de la República tomen una decisión acerca de este proyecto de ley”, manifestó el parlamentario.
Finalmente, y desde el punto de vista de los trabajadores, el primer vicepresidente de la ANEF, Helmuth Griott, destacando que espera que esta la votación unánime y transversal impulse al Gobierno a apoyar esta ley, enfatizó: “La estabilidad en el empleo debe ser una necesidad que debe cumplirse ahora, sobre todo, con una arbitrariedad tan potente como era el despido injustificado, arbitrario, a través de este mecanismo de negar el principio de la confianza legítima”.
Santiago de Chile, 2 de diciembre 2024
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