Mediante un oficio dirigido a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, y al ex alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, la diputada del distrito 12, Ana María Gazmuri, expresó su preocupación por el incendio que se desarrolló el 12 de noviembre en el Campamento Dignidad de La Florida y que dejó como saldo alrededor de 50 viviendas destruidas, más dos lesionados.
Debido al siniestro -el cual vecinos acusaron que se habría provocado de manera intencional- Gazmuri sostuvo que el ex alcalde desoyó los acuerdos y recomendaciones del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Región Metropolitana, esto, tras leer documentos del organismo que daban cuenta que el 19 de marzo de 2024 se expresó a la Municipalidad la “preocupación” por las intenciones de Rodolfo Carter de desalojar el campamento y señalaba que fue la propia Municipalidad la que postergó las reuniones destinadas a buscar una solución al problema.
El oficio, además, recordó a Contraloría que en 2022 se había suscrito un acuerdo entre la Municipalidad y el Serviu para trabajar en una solución para la Toma Dignidad. Asimismo, en 2023, el Serviu había propuesto la implementación de barrios transitorios para los pobladores, cuya financiación estaría a cargo de aportes privados. Sin embargo, estas propuestas fueron desestimadas por el municipio.
Debido a esto, el documento de fiscalización solicita a la Municipalidad de La Florida que se informe sobre los motivos fundados por los cuales no se llevaron a cabo las reuniones de coordinación con el Serviu de la Región Metropolitana, así como el estado de cumplimiento del acuerdo suscrito en 2022.
Por último, se solicita a la CGR que aclare si los acuerdos de coordinación y trabajo entre los órganos del Estado y las Municipalidades tienen carácter vinculante y si, en caso de incumplimiento, podrían derivar en responsabilidades administrativas.
“El ex alcalde Carter es responsable de lo que ocurrió en el campamento Dignidad, no ha escuchado a los vecinos que viven ahí y tampoco a las instituciones que han propuesto acuerdos y recomendaciones para entregar progresivamente una solución al problema habitacional que enfrentan las más de 500 familias que viven en este asentamiento, entre ellos, 493 niños, comentó Gazmuri.
La humanista agregó que “a lo largo de los años, los residentes del campamento han solicitado incansablemente a las autoridades una solución habitacional definitiva. Han formado comités, gestionado recursos y realizado múltiples gestiones con el fin de lograr el sueño de una vivienda digna. Sin embargo, este proyecto ha sido frustrado en diversas ocasiones, lo que ha provocado una constante sensación de inseguridad y peligro. “
“Esta falta de soluciones ha incrementado los riesgos de situaciones como la vivida ayer, poniendo en grave riesgo el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las personas que residen en el lugar, especialmente de niños, niñas y adolescentes, quienes merecen crecer y desarrollarse en un entorno seguro junto a sus familias.”, concluyó Gazmuri.
Santiago de Chile, 19 de noviembre 2024
Crónica Digital
