Organizaciones sociales, ambientalistas e indígenas rechazarán el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado por el gobierno argentino para brindar beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios a los capitales, extranjeros en su mayoría.
En el marco de la Campaña Plurinacional No al RIGI, miembros de agrupaciones como Abogados ambientalistas, Basta de Falsas Soluciones, la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y la Multisectorial por los Humedales, entre otras, se reunirán esta jornada para definir acciones contra esa medida del Ejecutivo.
Además, anunciaron el envío a legisladores, gobernadores y concejales de una carta donde expresan su rechazo a esa iniciativa.
Exigimos a las autoridades provinciales y municipales que rechacen la adhesión al RIGI incluido en la Ley Bases. Se trata de una vulneración de los derechos consagrados en la Constitución y en acuerdos internacionales suscritos por nuestro país en las últimas décadas, particularmente en materia ambiental y de recursos hídricos, señala la misiva.
Además, precisa que el régimen es contrario al principio de «no regresividad en materia ambiental», a las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a cualquier tipo de planificación que sirva a las mayorías populares y esté en armonía con la naturaleza.
También indica que anula la posibilidad de ejercer el derecho de consulta previa de las comunidades indígenas (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo) y, para la población en general, de contar con acceso a información adecuada para participar en procesos de toma de decisiones que afecten los territorios donde viven (Acuerdo de Escazú).
De acuerdo con la carta, el RIGI tiene graves consecuencias ambientales, económicas y sociales, implica ceder parte de la autonomía de las provincias, y es una amenaza para el acceso al agua, los territorios y los bienes comunes.
Además de las facilidades impositivas y cambiarias que dispone, no sólo para explotaciones por venir, sino también para las ya existentes, el RIGI implica, entre otras cosas, que toda política de protección ambiental conquistada en los últimos años sea considerada nula, afirma el texto.
Ante situaciones de escasez, grandes empresas de capitales locales y transnacionales podrían tener prioridad en el uso del agua o la energía por sobre las necesidades comunitarias. Asimismo, alertamos sobre la pérdida de fuentes de trabajo y la destrucción de las economías regionales que aún subsisten, añade.
Buenos Aires, 23 de julio 2024
Crónica Digital/PL
