Diputadas Gazmuri y Serrano acompañan a familia de Emilio Latorre en primer acercamiento con Fiscalía

Las parlamentarias del distrito 12 acompañaron a Lucy Acevedo, madre del fallecido Emilio Latorre, a entregar antecedentes a la Fiscalía Metropolitana Sur sobre el caso del joven que fue abatido el domingo por carabineros en el sector de Bajos de Mena, Puente Alto.

Afuera de la Fiscalía Metropolitana Sur (San Miguel), realizaron un punto de prensa las diputadas Ana María Gazmuri (AH) y Daniela Serrano (PC), quienes acompañaron a la familia, en especial a la madre, del difunto Emilio Latorre, joven de 18 años que falleció producto de un disparo efectuado por funcionarios de Carabineros el domingo 19 de mayo en el sector de Bajos de Mena, Puente Alto.

Sobre este primer acercamiento entre el Ministerio Público y la familia del afectado, la diputada Gazmuri, quien tomó contacto con la familia tras ser alertada por radio 7, una emisora comunitaria de Puente Alto, señaló que “estamos sumamente preocupados, acompañando a los padres de este joven asesinado por la espalda. Resulta que hasta este momento ellos (la familia) no han recibido ningún contacto de nadie, de ningún ente implicado en esto, ni de Fiscalía, ni del Municipio, ni de Carabineros. A pesar de que han seguido siendo vigilados, hostigados, incluso en el propio funeral y en el cortejo fúnebre.”


Sobre la utilización de un arma de fogueo por parte de Latorre, la parlamentaria de Acción Humanista cuestionó la tesis de Fiscalía y enfatizó en revisar la evidencia: “los vídeos son clarísimos, él no estaba armado, sencillamente había salido a comprar y tuvo, al no andar con sus documentos, el susto bastante común el día de hoy, diría yo, frente a las policías, porque sabemos de este actuar desmedido y desproporcionado.”

“Son situaciones muy serias, muy graves y no queremos nuevamente un intento de ocultamiento y de, finalmente, intentar una impunidad en un caso tan terrible. Aquí han querido caracterizar a Emilio como si tuviera que ver con la delincuencia. Incluso el acompañamiento que se dio al funeral era como el que se da a los funerales narcos. Eso no corresponde. Él no tenía antecedentes. Era un joven sano, vinculado a su familia, trabajador, estudiante. Entonces, no queramos estigmatizar para evadir responsabilidades del mal actual policial. Esperamos que se investiguen absolutamente todos los detalles.”, agregó.

En tanto, la diputada Daniela Serrano (PC), agradeció la confianza puesta por la familia en ambas parlamentarias y enfatizó en la responsabilidad del Congreso.

“Nuestra responsabilidad primero está en un rol de fiscalización, de que las instituciones del Estado funcionen, de que también nosotros y nosotras en el Congreso Nacional no podemos hoy día promulgar leyes que signifiquen también dar una operatividad o un manto de impunidad. Acá se ha dicho específicamente que la ley Nahín-Retamal, que la ley de reglas de uso de la fuerza es quien está brindando esta impunidad. Sin embargo, si nosotros vamos al detalle, todavía no tenemos una información oficial que nos diga si esto se ajusta a la legalidad o no, si el procedimiento fue bien hecho o no. Necesitamos hoy día que la fiscalía investigue, que el Congreso Nacional también tenga la responsabilidad de que hoy día no se trata de legislar a la rápida, sino que se trata de legislar con responsabilidad”.

Serrano insistió en la importancia de la labor de los parlamentarios y llamó a no caer en lo que ella denominó punitivismo legislativo. “Hoy día tenemos la situación de Emilio, tenemos la situación de distintas víctimas que en estos momentos, si no se esclarece qué es lo que pasó, se da un manto de duda que esta legislación es la que viene hoy día a operar para que justamente Carabineros no se ajuste a la legalidad que hemos establecido”, señaló Serrano.

En esa línea, Gazmuri concluyó que “vamos a hacer todo lo posible para que se encuentre justicia en este caso y que sea un ejemplo de que en este panorama, en que estamos por empezar un nuevo fast track de seguridad, tener muy presente en esos 32 proyectos las consecuencias de lo que se termina promulgando en el Parlamento”.

Santiago de Chile, 24 de mayo 2024
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