Cuando se aproximan las elecciones municipales, pareciera justo y necesario replantear la demanda ciudadana por el derecho a ciudades y asentamientos humanos sostenibles para todos y todos. Ello, en consistencia con las proposiciones y orientaciones de la “Nueva Agenda Urbana” que fue adoptada por la humanidad, a través del sistema internacional, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, celebrada en Quito en octubre de 2016 (Hábitat III), y que la Asamblea de la ONU hizo propia a finales de ese mismo año.
La “Nueva Agenda Urbana” representa un horizonte común para un futuro más sostenible, en el que todas las personas gocen de igualdad de derechos y de acceso a los beneficios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer, lo que implica que se reconsideren los sistemas urbanos y la forma material de los espacios urbanos como medio para lograrlo. Es el convencimiento que, si la ciudad está bien planificada y gestionada, la urbanización puede ser un instrumento para lograr el desarrollo sostenible.
Esta “Nueva Agenda Urbana” incorporó un nuevo reconocimiento de la relación entre la buena urbanización y el desarrollo: entre la buena urbanización y la creación de empleo, las oportunidades de generar medios de subsistencia y la mejora de la calidad de vida. No es posible concebir una propuesta de gobierno municipal que no considere esta perspectiva, o que soslaye su conexión con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles, inclusivos, seguros y resilientes.
La Declaración de Hábitat III parte del reconocimiento de que “la persistencia de múltiples formas de pobreza, las desigualdades crecientes y la degradación ambiental siguen siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo sostenible en todo el mundo, siendo con frecuencia la exclusión social y económica y la segregación espacial una realidad irrefutable en las ciudades y los asentamientos humanos”.
Añade que “es necesario aprovechar las oportunidades que presenta la urbanización como motor impulsor de un crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social y cultural y la protección del medio ambiente, así como de sus posibles contribuciones al logro de un desarrollo transformador y sostenible”. Ello supone el desafío de reorientar la manera en la que se planifican, se diseñan, se financian, se desarrollan, se administran y se gestionan las ciudades y los asentamientos humanos, para poner fin a la pobreza, reducir las desigualdades, promover un crecimiento inclusivo y sostenible, lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, mejorar la salud y el bienestar humanos, fomentar la resiliencia y proteger el medio ambiente.
El “ideal común” recoge el potente concepto de “derecho a la ciudad”, en el sentido de una ciudad para todos, de “la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos y buscando promover la inclusividad y garantizar que todos los habitantes, tanto de las generaciones presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles y habitar en ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos”.
En ese sentido, plantea la construcción de “ciudades y asentamientos humanos” que:
a) “Cumplen su función social, entre ellas la función social y ecológica de la tierra, con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho a una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, sin discriminación, el acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento, así como la igualdad de acceso de todos a los bienes públicos y servicios de calidad en esferas como la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud, la educación, las infraestructuras, la movilidad y el transporte, la energía, la calidad del aire y los medios de vida”;
b) “Alientan la participación, promueven la colaboración cívica, generan sentimiento de pertenencia y propiedad entre todos sus habitantes, otorgan prioridad a la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de calidad que crean condiciones adecuadas para las familias, contribuyen a mejorar la interacción social e intergeneracional, las expresiones culturales y la participación política, según proceda, y fomentan la cohesión social, la inclusión y la seguridad”;
c) “Logran la igualdad de género y empoderan a todas las mujeres y las niñas asegurando la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de derechos en todas las esferas y en los puestos de liderazgo en todos los niveles de adopción de decisiones, garantizando el acceso a un trabajo decente y el principio de igual remuneración por igual trabajo, o trabajo de igual valor, para todas las mujeres y previniendo y eliminando todas las formas de discriminación, violencia y acoso contra las mujeres y las niñas en espacios públicos y privados”;
d) “Afrontan los desafíos y aprovechan las oportunidades de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, presente y futuro, sacando los mejores frutos de la urbanización en aras de la transformación estructural, la alta productividad, las actividades con valor añadido y la eficiencia en el uso de los recursos, aprovechando las economías locales y tomando nota de la contribución de la economía informal, al tiempo que prestan apoyo a la transición sostenible hacia una economía estructurada”;
e) “Promueven la planificación basada en la edad y el género e inversiones para una movilidad urbana sostenible, segura y accesible para todos, así como sistemas de transporte de pasajeros y de carga que hacen un uso eficiente de los recursos y facilitan un vínculo efectivo entre las personas, los lugares, los bienes, los servicios y las oportunidades económicas”;
f) “Aprueban y ponen en práctica políticas de reducción y gestión de los riesgos de desastres, reducen la vulnerabilidad, aumentan la resiliencia y la capacidad de respuesta ante los peligros naturales y antropogénicos, y fomentan la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos”;
g) “Protegen, conservan, restablecen y promueven sus ecosistemas, recursos hídricos, hábitats naturales y diversidad biológica, reducen al mínimo su impacto ambiental y transitan hacia la adopción de modalidades de consumo y producción sostenibles”.
No hay duda que Chile y sus comunas tienen el imperativo de reapropiarse de esta idea del “derecho a la ciudad” y a la sustentabilidad en los espacios de la vida.
Por Paulina Torres. La autora es Concejal de la comuna de Macul.
Santiago, 14 de enero de 2024.
Crónica Digital.
