El parlamentario interpuso una denuncia penal ante la PDI a fin de que investigue quién organiza el ataque sistemático a la Convención Constitucional.
La Convención Constitucional contó con el respaldo del 79% de los votos en el plebiscito de octubre de 2020, como una luz de esperanza en medio de una institucionalidad caduca, por lo que se ha convertido en una amenaza para las minorías privilegiadas, que mantienen intereses en las AFP, en la gran minería privada y en las forestales de la macro zona sur. Por eso la atacan”, manifestó el senador.
De acuerdo a Navarro, “ha habido una verdadera concertación de medios y notas de prensa difundidas en redes sociales para denostar a la Convención. Así lo demostró un estudio de la Universidad Católica de Valparaíso, liderado por el renombrado periodista PhD Pedro Santander, que reveló la existencia de cerca de 8 mil cuentas falsas en Twitter dedicadas a la desinformación y propagación de noticias falsas y discursos de odio”.
“Estos mensajes de desinformación se articulaban en torno a dos ejes: el supuesto poco trabajo de la Convención y el racismo contra el pueblo Mapuche fundamentalmente en contra de la presidenta de la Convención, la lingüista PhD Elisa Loncón”, explicó.
“Lo grave”, continuó, “es que el uso malicioso de Internet constituye una verdadera amenaza contra la democracia, la soberanía nacional y la seguridad interior del Estado; tal como hemos visto en el triunfo del Brexit en Inglaterra, en el de Trump en Estados Unidos y en el golpe de Estado en Bolivia contra el presidente Evo Morales, entre otros casos”.
El Senador por el Biobío agregó: “la Ley N° 19733, en su artículo 31, establece sobre el delito de discurso odioso: El que por cualquier medio de comunicación social, realizare publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con multa de veinticinco a cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta doscientas unidades tributarias mensuales”.
“Por ello le hemos pedido a la PDI que busque los hashtags que concentran los discursos de odio de acuerdo a la información de esta denuncia, ubicando a los dueños o titulares de las cuentas y determine cuáles son cuentas reales o son bots, así como quién encargó los bots para difundir los discursos de odio denunciados y quien financió a los administradores de las cuentas, identificando autores intelectuales, materiales, cómplices y encubridores, remitiendo esta información al Ministerio Público”, manifestó Navarro.
Para finalizar, Navarro afirmó que “más allá de los errores cometidos por algunos constituyentes y a las dificultades iniciales del debate propio de una institución que se instala por primera vez en la historia del país, hay un ataque sistemático por destruir la convención y eso no es azaroso; está dirigido, organizado y financiado queremos saber quienes son quienes buscan destruirla para evitar que Chile tenga una nueva constitución”.
“La investigación debe desarrollarse de la misma forma como si este ataque se hiciera a las Fuerzas Armadas y de Orden, al Gobierno o al Congreso, es decir, con el mayor despliegue tecnológico y la firme decisión de encontrar a los culpables; esta investigación criminal va a estar puesta a prueba porque si pueden atacar así a la Convención Constitucional, significa que lo pueden hacer contra cualquier institución y contra cualquier ciudadano”, sentenció el senador por la Región del Biobío.
