Por Rafael Calcines
La prolongada huelga de hambre de 27 presos mapuches en cárceles de la Araucanía chilena parece ser solo un capítulo más del secular conflicto de ese pueblo originario que se remonta a sus luchas contra la colonización extranjera.
Entre los huelguistas está el respetado machi (líder espiritual) Celestino Córdova, quien se encuentra en grave estado de salud, lo que mantiene expectante al país, tras la negativa de la Corte Suprema de Justicia de atender a sus demandas.
En las últimas semanas la violencia ha arreciado en puntos de las regiones de la Araucanía y Bío Bío, donde comunidades mapuches ocuparon seis alcaldías como forma de presión para que el Ejecutivo acceda a la demanda de los huelguistas de poder cumplir al menos una parte de las condenas en sus territorios de origen.
Ello está previsto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, del cual el Estado austral es signatario, pero hasta ahora no lo ha cumplido.
La falta de una respuesta a las reivindicaciones de los huelguistas no es un fenómeno atribuible únicamente al Gobierno de Sebastián Piñera.
Es la misma actitud que a lo largo de la historia mantuvieron sucesivas administraciones ante las demandas de ese pueblo por sus territorios ※de los que se apoderaron grandes empresas agrícolas y madereras※, por el respeto a su cultura, idioma, religión y cosmovisión.
Por ello el problema va mucho más allá de permitir que Córdova y sus compañeros puedan volver a las respectivas comunidades, sino que tiene un fuerte basamento histórico que, a juicio de muchos, solo se comenzaría a zanjar con un cambio profundo dentro del conjunto de la sociedad.
Analistas políticos e historiadores advierten que un paso fundamental en ese sentido será el plebiscito para una nueva Constitución, el 25 de octubre próximo, en el cual se asegura que ganará la opción por el sí.
Esto abriría el camino a la redacción de una Carta Magna en la cual podría quedar plasmado el carácter plurinacional del Estado chileno, y ofrecería un verdadero espacio de participación a los pueblos ancestrales, no solo mapuches.
Obviamente, en ese camino habrá muchos obstáculos, desde la oposición de las grandes empresas nacionales y extranjeras, que controlan las riquezas de las tierras originarias, hasta un arraigado racismo que emergió con inusitada fuerza durante los hechos violentos
más recientes.
Lo anterior contrasta con la posición de la aplastante mayoría de ciudadanos que, según una encuesta realizada, consideran que ese pueblo indígena debe ser reconocido en la Constitución.
Estiman además que se les reintegren sus territorios ancestrales, que el mapudungún (lengua nativa) sea contemplado como idioma oficial, y que la solución del conflicto sea encarada por la vía política, no con la militarización de la Araucanía.
Un respaldo que ya se expresó en las calles con banderas y símbolos mapuches encabezando el gran movimiento social iniciado con el estallido popular del 18 de octubre de 2019.
Santiago de Chile, 15 de agosto 2020
Crónica Digital/PL/ Tomado de Orbe
