Compañías seguros relacionadas con AFP se han embolsado mitad de cotizaciones recaudadas, informó hoy un informe Centro de Estudios Nacional de Desarrollo Alternativo CENDA, quién señaló que cuatro conocidos grupos económicos nacionales se han quedado con mitad de ese inmenso flujo de impuestos a los trabajadores, con miseria de sus viejos.
Crónica Digital entrega a sus lectores este informe
Este negocio beneficia principalmente a cuatro grandes grupos económicos nacionales, que desde que existe registro se han embolsado primas brutas equivalentes a la mitad de las cotizaciones recaudadas por el sistema AFP.
Junto a dos grupos extranjeros propietarios de AFP y compañías de seguros relacionadas, se han apropiado de tres cuartas partes de las primas brutas transferidas a compañías de seguros desde que se lleva registro en diciembre 2003. En ese período, las primas brutas transferidas a compañías de seguro equivalen a un 44 por ciento de las cotizaciones recaudadas.
En el último año, y tras algunas adquisiciones, las proporción de primas brutas y comisiones apropiadas por esos seis grupos sube al 84 por ciento del total, y sólo una se lleva más de un quinto.
El fisco destina casi un quinto de su presupuesto en financiar más de 3/4 del gasto nacional en pensiones. AFP financian emenos de 1/4 restante con un tercio de las cotizaciones corrientes.
En otras palabras, en Chile al igual que en el resto del mundo las pensiones no se pagan con ahorro sino con deuda e impuestos corrientes, lo que constituye la definición precisa de OCDE para los esquemas que despectivanente motejan «de reparto».
Irracionalidad fiscal
El sistema de «capitalización individual» resulta en la irracionalidad de endeudar al fisco hoy para ahorrar recursos que permitan solventar parte del gasto en pensiones de tres décadas más.
En efecto, el fisco «ahorra» en las AFP el excedente de las cotizaciones previsionales —cotizaciones menos aporte neto de las AFP a las pensiones—, que son uno de los tres impuestos que más dinero recauda junto al IVA e impuesto a la renta.
El monto total en subsidios monetarios derivados de la implantación del sistema de AFP resulta muy similar al monto «ahorrado» y puesto que debe ser financiado con aumento de la deuda pública, ello resulta en la irracionalidad fiscal aludida.
Precisamente por este motivo países que adoptaron parcialmente el esquema de capitalización individual —Polonia, Hungría, Rusia, Rumania, Argentina, Bolivia y Bulgaria, entre otros— terminaron con dicho experimento tras la crisis.
Acabar abuso ahorro forzoso AFP
Supone terminar con sistema AFP, afiliados se transfieren a IPS, que se hace cargo de recaudación cotizaciones, pago pensiones y administración de cuentas. Estado asume esquema de rentas vitalicias y gestión fondo pensiones. Cotizaciones no se suben hasta restituir íntegramente el fondo a sus propietarios.
Dicha medida permite duplicar pensiones y equilibrar el presupuesto fiscal, mejorando la clasificación de riesgo del país. Así sucedió en Polonia, Hungría, Rusia, Rumania, Bulgaria, Argentina y Bolivia, que terminaron sus esquemas de ahorro forzoso recientemente.
Resumen
Terminar el ahorro forzoso AFP permite reducir la edad efectiva de jubilación a la legal y duplicar de inmediato el monto de las pensiones, las que en lo sucesivo se reajustan de modo que mantengan una proporción definida con los salarios imponibles. Las sólas cotizaciones permiten sostenerlas hacia el futuro sin subir su tasa durante muchos años ni la edad de jubilación hasta fin de siglo (propuesta “C” de profesora Oreziak). Aún así se genera un enorme superávit fiscal que durante la primera década puede estimarse en cerca de 8,7 billones de pesos anuales, equivalentes a poco más de US$10 mil millones/año, un 20% del presupuesto fiscal y 4,5% del PIB (cuadro 3.1).
Dicha estimación supone terminar con sistema AFP y reconstruir el sistema público de seguro social destruido por la dictadura. Los afiliados se transfieren al IPS, que se hace cargo de recaudar cotizaciones, pagar pensiones y administrar cuentas. Resulta esencial transferir asimismo al Estado el esquema de rentas vitalicias, que actualmente es la vía principal de apropiación de fondos previsionales por parte de grandes empresas privadas. El Banco Central u otra institución pública puede asumir la gestión del fondo pensiones. Lo anterior no representa desembolso significativo para las instituciones públicas.
Todo lo anterior se logra sin rescatar del fondo de pensiones acumulado más dinero de lo que el actual sistema carga contablemente al mismo. Es decir, se harían efectivos los retiros del fondo para pagar los actuales retiros programados, así como el traspaso de fondos de los nuevos jubilados por rentas vitalicias, que hoy se apropian las compañías de seguros privadas. Actualmente este flujo de dinero se paga con parte de las cotizaciones corrientes, las que en el nuevo esquema se utilizan para pagar pensiones corrientes.
De este modo, el fondo de pensiones acumulado se devuelve a sus legítimos propietarios y su monto se reduce al nivel razonable para una reserva técnica del nuevo sistema de seguro social, que nunca excede dos o tres años de cotizaciones. El fondo actual equivale a veinte años de cotizaciones y crece año a año con los excedentes de éstas. Las grandes empresas que hoy lo tienen en su poder en forma de préstamos y capital accionario, tienen la obligación de devolverlo lo antes posible, íntegramente, a sus legítimos dueños a cuyo nombre está registrado.
En el caso de los nuevos pensionados el fondo estos recuperan su fondo al momento de jubilar, para contratar con el Estado sus nuevas pensiones vitalicias públicas duplicadas en monto. En el caso de los actuales retiros programados, su fondo remanente puede transferirse asimismo al fisco al momento de convertir dichas pensiones en nuevas pensiones vitalicias públicas de monto duplicado, un flujo adicional de recursos al fisco no considerado en la estimación anterior.
Los trabajadores activos pueden disfrutar asimismo de su fondo acumulado. Este fondo de salarios no puede destinarse más a préstamos o financiar capital empresarial. Sólo puede utilizarse en inversiones de beneficio directo a los trabajadores, como créditos a sus propietarios a tasas razonables para refinanciar sus deudas, construcción de habitaciones sociales, o préstamos al gobierno para financiar otras prestaciones sociales en beneficio directo de los propios afiliados. El principio general que debe regir el nuevo sistema de seguro social es que las cotizaciones previsionales son dinero de los trabajadores, cuyo destino exclusivo es financiar pensiones dignas a los trabajadores y trabajadoras jubiladas. Ni un sólo peso puede desviarse a otros destinos, menos que nada a beneficio del empresariado.
Terminar el sistema de ahorro forzoso pondrá fin a la irracional práctica actual de endeudar al fisco para “ahorrar”. En efecto, en los últimos doce meses a enero 2020, el fisco gastó poco menos de 5,8 billones de pesos en pensiones civiles, incluyendo subsidios directos a pensiones AFP, pensiones no contributivas y otras prestaciones previsionales, que equivalen a unos 6.769 millones de dólares (855 $/US$), cifra muy similar al incremento de la deuda pública en el período. Por otro lado, “ahorró” en inciertos y onerosos mercados financieros el excedente entre cotizaciones recaudadas y aporte neto de las AFP a pensiones, que sumó poco más de 5,2 billones de pesos que equivalen a 6.096 millones de dólares.
Es decir, el sistema de pensiones basado en el “ahorro” se traduce en la irracionalidad fiscal de endeudarse para ahorrar. Este fue motivo principal por el cual el esquema de pensiones basado en “capitalización individual” fue terminado en años recientes en diversos países que lo habían adoptado parcialmente en décadas precedentes, entre los cuales se cuentan Argentina, Bolivia, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania y Rusia (cuadro 3.2).
Santiago de Chile, 8 de junio 2020
Crónica Digital/ cenda.cl
