Falta mucho por investigar en un escándalo que apenas comienza, el de un supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019), en el que ni siquiera se salvan miembros de su alianza.
Los presuntos espionajes ilegales cometidos bajo el gobierno del expresidente argentino siguen cobrando fuerza después de que la denuncia fue presentada formalmente la semana pasada de manera electrónica ante la justicia federal por la actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño.
La presentación del llamado ‘proceso sistemático de inteligencia ilegal’ incluye una larga lista de personas vinculadas a la actividad política, sindicalistas, periodistas, tanto de la entonces oposición hasta del propio gobierno macrista.
En la lista difundida por los medios, se encuentran diputados como Rodolfo Tahilade y la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, hoy ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el líder sindical Héctor Daer, de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), la diputada Gabriela Cerruti y el presidente nacional de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, entre otros.
La causa, que alcanza a al menos 15 integrantes de la AFI, cuenta ya con un extenso listado de personas sobre las que se produjo inteligencia ilegal con fotos, videos y audios que van desde políticos, hasta miembros de organizaciones sociales.
Según medios de prensa, entre los presuntos espiados también aparecen el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, una de las manos derecha de Macri y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, además de varios miembros de Cambiemos.
Pero también incluye a la actual vicepresidenta Cristina Fernández y a su hija Florencia Kirchner, y miembros del Poder Judicial.
La información de los mensajes interceptados en los últimos años fue recuperada de un disco rígido marca Western Digital, hoy en poder de la justicia, cuyo caso lleva el fiscal Jorge Di Lello. El disco fue hallado en dependencias de la Agencia y había sido borrado.
La investigación da cuenta que al menos desde el 2 de junio de 2016, bajo la gestión de Arribas, se llevaron a cabo sucesivos actos de espionaje sobre correos electrónicos privados de casi 100 personas.
En las últimas horas se conoció que la Justicia ordenó ya una pericia del disco rígido y pidió copia del legajo de los espías involucrados.
El juez federal Marcelo Martinez de Giorgi ordenó el peritaje y pidió a la Agencia Federal de Inteligencia copia de los legajos de los agentes que la interventora Cristina Caamaño mencionó en la denuncia.
Por el caso ya fueron imputados el expresidente Macri, Arribas, la subdirectora de la AFI en esa época, Silvia Majdalani, el exjefe de Gabinete de ese organismo Darío Biorci, y dos agentes que tuvieron acceso al disco rígido.
Según el periódico Página 12, ‘los hombres de Macri espiaban a la propia familia del mandatario, como Florencia Macri, su hermana menor’.
Aún falta mucho por investigar pero ya hay varias figuras aceptadas como querellantes, entre ellas la exlegisladora Silvia Rojkes, la ministra Elisabeth Gómez Alcorta, la secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Lucila Puyol y el presidente de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella.
‘Son hechos que no sorprenden. Dábamos por hecho que esto estaba sucediendo y esto aumenta la gravedad, lo que es tremendo en términos institucionales y políticos’, dijo Sabbatella en días recientes a la prensa.
Desde el PRO (Propuesta Repúblicana), el brazo político fundado por Macri, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró que ‘es absolutamente ridícula’ la denuncia y opinó que pudo haber sido formulada ‘para dividir’ a la coalición opositora.
Lo cierto es que la noticia ha generado una lluvia de críticas de varias voces, sobre todo de aquellos políticos y figuras que aparecen en la lista de espiados.
Buenos Aires, 3 junio 2020
Crónica Digital/PL
