Este informe será presentado oficialmente por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, en el encuentro que comienza mañana en esta capital, organizado con apoyo de ONU Mujeres, y al que asistirán una veintena de ministras de la Mujer, autoridades y organizaciones de la sociedad civil, académicos y del sistema de Naciones Unidas.
El texto establece que las desigualdades de género son un obstáculo para el desarrollo sostenible, y los cambios que enfrenta la región evidencian la urgencia de avanzar hacia estilos de desarrollo que contemplen la equidad de género y la autonomía de las mujeres, así como la garantía de los derechos de todas las personas sin excepción.
El organismo de Naciones Unidas advierte que la región está creciendo menos, a la vez que se incrementan las desigualdades y la pobreza, lo que plantea una situación compleja en lo que respecta al gasto social y el mejoramiento de la vida de las mujeres.
En sus más de 200 páginas, el informe reconoce avances en materia de igualdad de género y autonomía de las mujeres en la región, especialmente en los marcos institucionales para la implementación de políticas en favor de la población femenina, pero persisten obstáculos estructurales que es necesario eliminar.
Señala que cerca de un tercio de las mujeres de la región depende de otros para su subsistencia, están subrepresentadas en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que limita sus posibilidades de inserción económica, e incluso son discriminadas en el acceso a crédito, en relación con los hombres.
Añade que uno de los nudos estructurales de la desigualdad de género en la región es la división sexual del trabajo, pues ellas dedican diariamente el triple del tiempo que los hombres a las labores domésticas no remuneradas, y son las principales responsables de cubrir las necesidades de cuidado de los adultos mayores.
Según la Cepal, es preciso redoblar esfuerzos para diseñar políticas públicas que reconozcan el aporte de las mujeres a la economía a través del trabajo doméstico y de cuidado no remunerados, y que promuevan la corresponsabilidad y una distribución más justa de las cargas de trabajo.
Advierte que si los Estados no brindan prestaciones y servicios públicos adecuados, las familias y en particular las mujeres, tendrán que responder de forma individual cada vez más, a las exigencias de cuidado de las personas mayores, muchas veces a expensas de su participación laboral y su realización personal.
El informe denuncia igualmente la invisibilización de las indígenas y afrodescendientes, ya que la proporción de jóvenes de esos sectores que no estudia ni trabaja de manera remunerada es 2,6 veces superior a la de las no afrodescendientes ni indígenas.
Santiago de Chile, 28 de enero 2020
Crónica Digital/PL
