Con un llamado a declarar a una veintena de autoridades, avanzan las investigaciones relacionadas con una nueva acusación contra el presidente Sebastián Piñera por delitos de lesa humanidad.
La querella fue presentada el 16 de diciembre último en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el senador Alejandro Navarro, del Partido Progresista (PRO), e involucra también al ex ministro del Interior Andrés Chadwick, el actual titular de esa cartera, Gonzalo Blumel y al jefe de Carabineros, general Mario Rozas.
En el paso más reciente del proceso, el jurista Mario Daza, quien lleva la causa, solicitó que declaren 20 autoridades, así como información a varias instituciones.
Un reportaje de Radio Bío Bío señala que el objetivo sería recabar información de en qué medida las decisiones políticas adoptadas por el mandatario derivaron en violaciones de Derechos Humanos, durante las protestas que ya llevan más de cien días.
Entre los llamados a declarar figuran el contralor general Jorge Bermúdez, la expresidenta Michelle Bachelet; Karina Sosa, jefa del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros; Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y Paulo Abrao, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Según el texto de la petición las diligencias tienen por finalidad verificar o descartar el conocimiento de los miembros de la autoridad civil, en especial del presidente y los otros altos funcionarios sobre ataques de agentes del Estado a la población civil.
También se solicitó información a los centros médicas donde fueron atendidos manifestantes que presentaron lesiones oculares por el uso de balines.
Daza pidió igualmente remitir a la Fiscalía un estudio de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en el cual se acreditó que los perdigones usados por la policía contenían solo 20 por ciento de goma, mientras el resto se componía de plomo, bario y silicio.
El magistrado explicó que el sentido y alcance de la presentación es que el Ministerio Público realice una investigación penal efectiva, aspecto muy importante, porque Chile es firmante del Estatuto de Roma.
Con ello se reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) en materia de crímenes de lesa humanidad, con lo cual, si la justicia chilena no actúa en caso de demostrarse la responsabilidad de los imputados, el ente internacional podría operar en el caso chileno.
Daza señaló que existen indicios inequívocos para sostener que hay un ataque sistematizado de carácter grave cometidos por agentes del Estado.
Añadió que existe un patrón de conducta de la policía hacia los manifestantes que se ha concretado desde que se inició el estallido social, a todo lo largo del país.
Santiago de chile, 28 de enero 2020
Crónica Digital/PL
