El pleno de la Cámara de diputados de Chile deberá votar hoy un controvertido proyecto de ley antisaqueos y antibarricadas, impulsado por el gobierno y que la oposición busca rechazar.
La votación estaba programada para ayer pero la amplia discusión generada por el polémico texto legislativo obligó a postergar la votación para este jueves, cuando también intervendrán más de una treintena de diputados para fundamentar sus posiciones.
Aunque el proyecto ya fue aprobado en el Senado por mayoría, sigue suscitando una aguda confrontación entre las bancadas oficialistas y de oposición.
El texto legislativo tipifica las penas para el delito de saqueo, hasta ahora inexistente en el código penal chileno, pero también incluye condenas a quienes levanten barricadas u obstaculicen de alguna manera el tránsito y es considerado por sus detractores como un instrumento para reforzar la represión.
El diputado independiente René Saffirio, primero en exponer su valoración de la iniciativa en la Cámara, consideró que esta solo busca criminalizar al movimiento social y adelantó que votará en contra.
Desde los partidos de Chile Vamos, la coalición de gobierno, la posición es otra, y al respecto la diputada Paulina Núñez, de Renovación Nacional, consideró bueno el proyecto aunque admitió que existe una línea muy delgada entre el rechazo y la aprobación.
Analistas consideran que hoy la propuesta pudiera ser rechazada (la votación será por mayoría simple) y que sea profundamente corregida en una comisión mixta, pues los parlamentarios del opositor Frente Amplio, que inicialmente la aprobaron semanas atrás, luego se autocriticaron y ahora aseguraron que votarán en contra.
Según el diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, el texto aprobado por el Senado recibió modificaciones que solo empeoran el original, pues plantea aumento de las penas de cárcel para quienes protestan en la calle pera nada dice de quienes han cometido serios actos de corrupción que han conmovido al país.
En la misma dirección, el diputado Diego Ibáñez, de Convergencia Social, consideró que la legislación no pasa de ser una estrategia comunicacional porque plantea delitos que ya están tipificados en la legislación vigente al tiempo que afecta el derecho a la protesta social que reclama cambios profundos en el país.
Añadió que el gobierno busca silenciar la movilización popular, pero no modifica las causas que la han promovido y que mantienen las profundas desigualdades en el país, y aseguró que el gobierno se equivoca al considerar la crisis actual como un problema de orden público y no como consecuencia de la inequidad social.
También la bancada del Partido Comunista aseguró que todos sus diputados votarán en contra de la iniciativa tal como lo hicieron en la sesión precedente, porque busca criminalizar la protesta sin entregar soluciones efectivas a las múltiples demandas de la población.
Santiago de Chile, 16 de enero 2020
Crónica Digital/PL
