El viernes pasado, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, tras reunirse con el Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, sostuvo que el gobierno de Sebastián Piñera buscará avanzar en el proyecto para conmutar las penas de enfermos graves o terminales que cumplan penas de presidio por diversos delitos, sin importar si son criminales de lesa humanidad.
“Cuando se trata de motivos humanitarios por razones graves de salud o la persona está enajenada de toda razón, no se puede distinguir por el delito que se haya cometido”, sostuvo el ministro Larraín a los medios de prensa, agregando que “el hecho de que haya alguna persona que esté por ejemplo con la razón perdida me parece que no tiene ninguna justificación mantenerlo preso”.
Ante dichas declaraciones, desde la bancada del Partido Comunista rechazaron tajantemente cualquier tipo de beneficio carcelario que se pueda entregar a reconocidos criminales de lesa humanidad.
Para el diputado por el distrito 12, Amaro Labra, este tipo de iniciativas son contrarias al camino de defensa y construcción de los Derechos Humanos que se ha intentado de trazar por parte de las organizaciones y familiares de las víctimas de la dictadura.
“No aceptaré ni apoyaré ninguna de estas medidas para casos de crímenes de lesa humanidad”, afirmó el diputado Labra, agregando que los violadores de los Derechos Humanos ya cuentan con beneficios al estar en cárceles especiales, como Punta Peuco.
“Me parece indignante en el camino de la defensa y construcción de los DDHH la decisión de no trasladar a los presos de Punta Peuco y mantener a tales criminales con privilegios considerando que esos espacios podrían ser correctamente utilizados para otras categorías de prisioneros”, agregó el diputado Labra.
Por su parte, el diputado por el distrito 9, Boris Barrera, afirmó que como legislador no apoyará ninguna propuesta del Ejecutivo que signifique entregarle algún beneficio a quienes no han colaborado nunca con la verdad y la justicia.
“No apoyaré ninguna conmutación de pena para personas que han cometido crímenes de lesa humanidad. Mucho menos el indulto, porque el pueblo debe tener claro que son crímenes cometidos por genocidas”, afirmó.
En cuanto a la situación de Punta Peuco, el diputado Boris Barrera consideró “muy decepcionante para las organizaciones de DDHH y la ciudadanía que el Gobierno no haya tenido la voluntad política para cerrar Punta Peuco. Una vez más el anhelo de los familiares de las víctimas ha sido postergado, en beneficio de los genocidas.
En la misma línea, la diputada Karol Cariola rechazó “absolutamente la solicitud de la UDI y RN de conmutar las penas de los violadores de derechos humanos que están en Punta Peuco”, subrayando que los promotores de estas iniciativas son “cómplices al pretender profundizar la impunidad”.
Finalmente, la diputada Carmen Hertz, presidenta de la comisión de Derechos Humanos, detalló que los crímenes de lesa humanidad, al igual que el genocidio y los crímenes de guerra no son “indultables”. “Eso no es algo que hayamos inventado los activistas de los derechos humanos, sino que es el resultado que la comunidad internacional organizada ha llegado y ha establecido esas normas”, explicó.
La diputada Hertz agregó que respecto de los beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad, la edad no ha sido nunca “una calidad suficiente para acceder a estos beneficios”.
“El tema de los presos terminales no tiene no solo normas expresas, sino que jurisprudencia en los organismo internacionales, en específico en Tribunal Penal Internacional, el Tribunal para la ex Yugoslavia, en que tienen que concurrir una serie de requisitos para que puedan acceder”, finalizó la diputada Carmen Hertz.
Santiago de Chile, 19 de marzo 2018
Crónica Digital
