Los ánimos han estado bastante tensos en este juicio. El miércoles pasado se registró en las afueras del edificio donde transcurría la audiencia un serio incidente cuando la policía arremetió contra varias personas que pedían entrar a la vista oral, entre ellos la diputada Mayra Mendoza, agarrada de manera violenta por el cuello.
Los fiscales Domingo Batule y Federico Zurueta, representantes de Morales, acusan a Sala de ‘instigación, daños agravados y coacción’ y reclaman la máxima pena prevista en el Código Penal, ocho años de cárcel, en tanto la fiscalía pidió tres años de prisión condicional.
Al exponer ante el juez, la abogada defensora Elizabeth Gómez Alcorta hizo un minucioso análisis de las pruebas y del tiempo transcurrido y pidió al Tribunal que se declare prescriptas las acciones penales de los delitos de amenazas y daños, y en consecuencia se dicte su sobreseimiento.
Sala, dijo, se encuentra ‘vulnerada en su derecho de ser juzgada en un plazo razonable’, teniendo en cuenta los años que se tardó -casi ocho- para llevar adelante el debate público.
En medio de los fuertes reclamos por su excarcelación, la líder de la organización Tupac Amaru paso la navidad en la cárcel junto al gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien acompañó a la también diputada en la nochebuena.
Desde prisión, la activista social envió un mensaje de agradecimiento a todos los que se han solidarizado con su causa: no solo luchen por mí, luchen por Argentina que lamentablemente la están destruyendo.
‘Hoy el país está pasando por una crisis muy dura, donde lamentablemente los únicos que pagamos somos los pobres’, expresó en un audio circulado en internet.
Sala fue aprehendida el 16 de enero bajo la presunta incitación a la violencia y tumulto por encabezar la protesta contra los cambios impuestos por Morales en el sistema y programa de cooperativas.
A esa causa le añadieron durante estos meses otras como la supuesta irregularidad de administración de fondos destinados a construcción de viviendas. Se le imputa la autoría de los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.
Organizaciones como el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, el Parlamento del Sur (Parlasur) y la Organización de Estados Americanos han pedido al Gobierno de Mauricio Macri su pronta liberación.
Buenos Aires, 26 de diciembre 2016
Crónica Digital / PL
