La gran contrarreforma económica y social de Pinochet radicó en las privatizaciones de las empresas del Estado como en su convocatoria a que los capitales foráneos vinieran a invertir a nuestro país. A precio vil, pudimos comprobar cómo se apropiaban los amigos y cómplices del Dictador de las más importantes compañías eléctricas, mineras y de servicios, empezando a amasar sus actuales fortunas, sobre todo desde que empezaron a revenderlas a las empresas transnacionales. El famoso principio de la subsidiariedad del Estado, que hasta hoy protege la Constitución de 1980, fue el gran ariete ideológico del extremo neoliberalismo que todavía nos rige. Realidad que explica, además, la pavorosa concentración de nuestra riqueza en solo unas pocas manos, constituyéndonos en una de las naciones más desiguales de la Tierra
No solo se trató de desprenderse de las entidades productivas más rentables y estratégicas sino, también, de traspasarle a entidades con afán de lucro nuestra educación, la salud, el transporte público y un sinnúmero de propiedades urbanas y rurales. Despojando, incluso, a los campesinos de sus tierras y, lo más grave y escandaloso de todo, al conjunto de los trabajadores de sus cotizaciones previsionales. Exceptuando, por supuesto, a las Fuerzas Armadas y policías, acaso en la certeza de que el anterior sistema de reparto era mucho mejor que el actual régimen de las AFP. Cuestión que se nota en las profundas asimetrías entre las jubilaciones castrenses y la de los civiles.
Lo peor de todo es que quienes sucedieron al Régimen Militar nada han hecho para recuperarle al Estado todo lo mal habido por este puñado de no más de diez clanes familiares que, como se ha constatado, acumulan más riqueza que la de los 17 millones de chilenos. Multimillonarios que ganan y siguen incrementando su fortuna gracias al salario promedio de 500 mil pesos que les pagan a casi dos millones y medio de trabajadores. Los cuales, para colmo, a la hora de jubilarse, deben conformarse con pensiones todavía inferiores a las de este salario.
Como ya ha quedado constatado, tanto los gobiernos de la Concertación, el de Sebastián Piñera y el actual de Michelle Bachelet avalaron este despojo, ofreciéndole todavía más beneficios al gran capital y a los inversionistas foráneos. Suscribiendo, además, tratados de libre comercio que han venido a consolidar la extranjerización de nuestros recursos básicos y nuestra dependencia económica. Así fuera al precio de provocar severos trastornos a nuestro medio ambiente tanto como a la vida de nuestra población. Despropósito, por lo demás, que ha originado severos conflictos de las autoridades con los pueblos y ciudades afectados por estos desechos tóxicos emanados de actividades verdaderamente criminales en cuanto a la salud de nuestros ecosistemas.
Sabido es que Ricardo Lagos y el parlamento de la época legislaron para liberar de las penas de cárcel los empresarios que, contradiciendo la “libre competencia”, se coludieran para estafar a los consumidores en los precios que pactaban para productos tan esenciales como los farmacéuticos, los pollos y el papel higiénico. Delincuentes “de cuello y corbata”, como se los identifica, que a lo sumo están siendo condenados a multas muy inferiores a todo lo recaudado con estos sobreprecios.
Claro: ya se sabe que gran parte muy importante de los recursos para financiar a los partidos y sus procesos electorales provinieron de los sobornos programados de los grandes grupos económicos. Entidades que hasta llegaron a redactarle de su puño y letra a nuestros legisladores algunas disposiciones la última Ley de Pesca. Así como se asume que el propio yerno de Pinochet, que aun mantiene la propiedad de Soquimich, no solo evitó la recuperación por el Estado de sus lucrativas empresas, sino se agenció nuevas concesiones y oportunidades de negocios. Nada más que por su habilidad de ejercer el cohecho en todo el espectro político.
Toda la indignación que han causado en el país los escándalos y colusiones entre empresarios y políticos ya vemos que empieza a sofocarse en juicios que difícilmente logren algún día castigar ejemplarmente a los culpables. Ello explica, incluso, que varios de los más comprometidos personajes ya fueran sobreseídos por la prescripción y los juicios abreviados, y algunos ahora hasta insistan en repostularse como candidatos. Sin embargo, lo que no se puede dudar es de la inmensa conciencia adquirida por los chilenos del estado de postración de nuestra política, de la falta de probidad de sus actores y de la certeza de que cualquier cambio ya no será posible sin erradicar de La Moneda, del Parlamento y de los municipios a tantos inescrupulosos. Quienes, además de corruptos, demuestran en estos días su completa ineptitud, cuando casi medio millón de ciudadanos, curiosamente, pierde su inscripción electoral a pocos días de las elecciones para elegir alcaldes y concejales.
Una clase política, recordemos, que legisló deliberadamente para hacer voluntario el sufragio popular en nuestro país a objeto de hacer más expedito el trámite de perpetuarse en sus cargos mediante el sistema electoral binominal y la acotada votación de su clientela política. En una de sus decisiones más torpes a la postre y que ahora tiene en entredicho a todo nuestro régimen republicano, cuando ya en los últimos comicios la cifra de abstención superara largamente a la de los que todavía votan. No es de extrañarse, por lo mismo, que ahora haya dirigentes políticos más empeñados en promover la concurrencia ciudadana a las urnas que en procurar votos para sus candidatos.
¡Vaya cómo temen, ahora, que esta abstención vuelva a reiterarse o crecer en los próximos escrutinios municipales, a pesar de esa enorme cantidad de candidatos que postulan para acceder a un cargo remunerado en los 345 municipios del país. Una actividad, dicho sea de paso, que paga mejor y es más segura que el salario promedio que anotáramos antes y a la cual, por supuesto, no hay que dedicarle demasiado esfuerzo.
La propia Ley Electoral que se dictaron las cúpulas políticas legitima ciertamente esta abstención y la erige como una contundente expresión del malestar general de la población. Nadie debiera interpretar la no concurrencia a las urnas como una falta de madurez cívica o desdén de los chilenos respecto de la situación de nuestro país. De otra forma no se entenderían las multitudinarias concentraciones y marchas a lo largo de todo el país demandando cambios en la educación y en tantos otros temas, a los cuales se suma ahora el repudio nacional contra el sistema previsional vigente a fin de que sea reemplazado por uno solidario. No se entendería, tampoco, que en pocos meses la organización NOP+AFP haya obtenido un amplio reconocimiento y una capacidad de convocatoria muy por encima a las de todos los partidos y agrupaciones sindicales. Y que por tercera oportunidad haya logrado la participación de cientos de millones de chilenos en todo nuestro territorio y que, por lo además, se aprestan a un Paro Nacional, como a nuevas y más contundentes demostraciones públicas de su indignación.
Con ellas, se asume que será de responsabilidad de los propios chilenos movilizados la posibilidad de un cambio, de un verdadero salto a un régimen democrático y de justicia social. Después de 27 años de engaños, fraudes y, lo peor, de ese bochornoso vuelco de tantos progresistas del pasado que se rindieron a la herencia de la Dictadura, además de encantarse con los pocos espacios de poder que les brinda la Carta Fundamental de Pinochet y este régimen tutelado por los empresarios y las Fuerzas Armadas. Vigilado, como sabemos, por el Tribunal Constitucional, la Casa Blanca y las organizaciones financieras internacionales.
Ante el completo desdén de la Presidenta de la República y de su gobierno a la demanda de los trabajadores y pensionados del país, nos parece notable y digna de encomio la convocatoria de NO+AFP a desafiliarse de aquellas entidades previsionales extranjeras que recaudan utilidades siderales con los ahorros previsionales de todos los trabajadores chilenos. Podríamos decir que con esta iniciativa se da un paso contundente a la justa resistencia pacífica de un pueblo harto de ser burlado y que tiene en sus manos la posibilidad de derrumbar un sistema injusto y antipatriótico. Desde el momento que facilita la emigración de ingentes recursos al extranjero a través de estas empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York y profitan de uno de los más suculentos negocios especulativos del mundo. Desde luego, mejor que cualquier inversión productiva.
Podríamos decir que las AFP tienen sus días contados si esta masiva desafiliación es exitosa y el Estado es forzado a hacerse cargo de esta multimillonarias reservas que, de administrase de otra manera, podrían rentarle al país, junto con mejorar sustantivamente las pensiones de los chilenos de la Tercera Edad. Cuando se nos advierte con mucho fundamento que ya con la emigración hacia los fondos “E” del sistema y, ahora, con esta desafiliación, los ahorros previsionales quedarían mucho mejor resguardados ante cualquier riesgo.
Una rebelión social que puede marcar el principio del fin no solo del sistema previsional sino de la interminable y escandalosa posdictadura.
Por Juan Pablo Cárdenas
Director de Radio Universidad de Chile
Santiago de Chile, 20 de octubre 2016
Crónica Digital /radio.uchile.cl
