Familiares de detenidos desaparecidos iniciaron esta mañana un procedimiento para que la Corte Suprema acate los fallos y acepte la supremacía legal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha rechazado beneficios carcelarios a condenados por crímenes de lesa humanidad.
El escrito fue presentado en el máximo tribunal del país, por Myrna Troncoso, coordinadora de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos del Maule, Viviana Díaz, premio nacional de Derechos Humanos y el abogado Fernando Leal.
La dirigente, hermana de Ricardo Troncoso, víctima de desaparición forzada, sostuvo que “en una fecha tan especial como hoy, el Día Internacional del Detenido Desaparecido, le estamos pidiendo a la Corte Suprema que termine con esta ofensa a la memoria de los miles de desaparecidos y asesinados y respete la jurisprudencia, la legislación internacional humanitaria y anule los beneficios a los criminales que han salido en libertad”.
Myrna Troncoso aseguró que “a mí se me agotó la paciencia, después de 41 años de búsqueda de mi hermano Ricardo, desaparecido bajo el terrorismo de Estado, si ellos nos obligan, recurriremos al sistema interamericano y a organismos calificadoras de riesgos político de inversiones, como el Banco Mundial, la OCDE, entre otros, hasta que los jueces cumplan los fallos interamericanos para evitar beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad”.
Para esto, explicó Fernando Leal, se han adjuntado 200 sentencias de la CIDH, especialmente “la supervisión de cumplimiento de sentencia del caso ‘Barrios Altos Vs Perú’ del año 2012, por el cual se anularon los beneficios penitenciarios otorgados al grupo colina condenado por cometer crímenes de lesa humanidad”.
Asimismo, piden a la Corte Suprema que declare que la normativa chilena interna, que ha permitido conceder beneficios penitenciarios a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, es contraria al “Corpus Iuris Interamericano”.
Este procedimiento, contemplado en la Convención Americana, tratado al cual Chile adhiere, implica que si el máximo tribunal chileno discrepa de las argumentaciones, debe requerir, al ministerio de Relaciones Exteriores, “que el Estado chileno solicite la opinión consultiva de rigor al Sistema Interamericano”.
A juicio de Leal, el no aceptar este procedimiento, implica que la Corte Suprema se estaría negando a cumplir los tratados internacionales, y por ende se solicitará al Congreso Nacional, la destitución de los ministros por incurrir en “notable abandono de deberes por violar el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución chilena.”
El profesional, que anteriormente intentó revertir beneficios a los condenados por el crimen de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, reveló que laministra de Justicia, Javiera Blanco, en una reunión con familiares de las víctimas se comprometió a modificar el reglamento carcelario, “pero hizo algo totalmente opuesto, porque modificó las normas sobre beneficios y reconoció, por primera vez en el reglamento, que los condenados por violaciones de los derechos humanos tienen derecho a beneficios” y agrega que “aunque con esa modificación eleva el estándar para acceder a ellos, lo cierto es que por vía reglamentaria, desoyendo los fallos anteriores de la CIDH, viola el corpus juris interamericano”.
Explica que próximamente se harán presentaciones similares que cuestionan la aplicación de rebajas de penas para estos crímenes mediante la “media” prescripción”, como también respecto de la prescripción civil de las acciones indemnizatorias, e igualmente respecto de la normativa chilena que permite que prescriban (penalmente) los delitos sexuales contra menores.
Santiago de Chile, 31 de agosto 2016
Crònica Digital
