A un año de presentado el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales y cumplida la primera mitad del período presidencial, se requieren señales políticas significativas que den garantía de cumplimiento a un compromiso emblemático de la Presidenta Bachelet y del pacto Nueva Mayoría con las mujeres en Chile.
Por más de dos décadas el Congreso Nacional ha postergado legislar en esta materia, eludiendo con ello reconocer a las mujeres en su condición de ciudadanas con autonomía y poder de decisión sobre sus vidas, salud y bienestar.Desde la recuperación de la democracia se ha mantenido vigente la criminalización total del aborto que impone, bajo amenaza del castigo penal, la continuidad forzada de todo embarazo, incluso si es resultado de la violencia sexual.
La comunidad internacional, a través de distintas instancias de Naciones Unidas, ha exigido a Chile modificar su legislación, por ser contraria a los derechos humanos de las mujeres.
La ciudadanía es consciente de ello, según evidencian todas las encuestas de opinión, y exige despenalizar la decisión de las mujeres cuando su vida está en riesgo, el embarazo no es viable o es resultado de una violación. Pero hasta ahora, salvo destacadas excepciones, quienes fueron elegidos/as para representarnos y garantizar el cumplimiento del programa de gobierno se han mantenido distantes o en abierto rechazo a esta demanda ciudadana y compromiso con las mujeres y sus derechos humanos.
Con ello refuerzan la brecha entre representantes y representados/as, el desprestigio de los partidos políticos, la crisis del sistema democrático y la desigualdad.
El proyecto que impulsa el Gobierno para legalizar el aborto en tres causales, resguardar la dignidad y decisiones de las mujeres y garantizar la prestación de salud oportuna y adecuada en estos casos, constituye un imperativo ético elemental que Chile debe asegurar a las mujeres y niñas. Este compromiso asumido por la Presidenta Bachelet NO SE CUMPLE si:
-el deber de confidencialidad de los/as médicos/as y del equipo de salud no se asegura
– la objeción de conciencia se amplía a equipos de salud e instituciones
la consejería o acompañamiento es de tipo disuasivo
se obliga a las mujeres mayores de 18 años denunciar la violación para acceder a la interrupción del embarazo
los plazos para la interrupción del embarazo hacen inviable el acceso a esta prestación de salud.
En cada una de estas situaciones se niegan los derechos humanos de las mujeres y las niñas porque su palabra y decisión se vuelven irrelevantes, se vulneran o se anulan. Las mujeres, hombres y organizaciones firmantes exigimos al Parlamento respetar el imperativo ético contenido en el proyecto de ley, y a la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría cumplir con el compromiso asumido en su programa de gobierno.
Santiago de Chile, 29 de febrero 2016
Crónica Digital / corporación Hmanas
