El senador Guido Girardi, miembro de la Comisión de Salud del Senado, afirmó que “les digo a las personas que se siente avasallados, que fueron testigos de la colusión y víctimas de los abusos, que iremos hasta las últimas consecuencias y usaremos todos los mecanismos institucionales y legales para que se establezca una sanción penal”.
El senador agregó que confiamos que tanto la Corte Suprema y de Apelaciones harán justicia en esta materia y no permitirán que violadores derechos humanos fundamentales caminen libremente por las calles como si nada hubiese ocurrido sin tener una mínima sanción moral en lo penal”.
El parlamentario afirmó que “los medicamentos no son bienes de consumo, son insumos de salud y los consumidores no son clientes son pacientes. Aquí lo que se juega es el derecho a la Salud. Por eso presentaremos un recurso de nulidad pues estamos convencidos que el fallo de minoría es el fallo correcto y que los tribunales superiores harán justicia”.
El abogado querellante, Jorge Mario Saavedra, destacó que para los tres jueces del tribunal (María Inés Collin, Laura Assef y José Flores) se encuentra vigente el artículo 285 del Código Penal el cual establece como autores de dolo “los que por medios fraudulentos consiguieren alterar el precio natural del trabajo, de los géneros o mercaderías (…) sufrirán las penas de reclusión menor en sus grados mínimos a medio y multa de seis a 10 UTM”.
Saavedra afirmó que “las dos juezas consideraron que la Fiscalía y los querellantes no logramos convencerlas que los imputados eran participantes del delito. El juez Flores dijo que si había pruebas suficientes y condenó a 5 de los acusados con responsabilidades gerenciales y absolvió a los subalternos”.
El penalista señaló que “tras conocer el veredicto el 28 de julio nos apoyaremos en el fallo del juez Flores para ir de nulidad a los tribunales porque quedó acreditado –y los tres jueces están de acuerdo- es que el artículo 285 del Código Penal está vigente, llámele colusión, dolo o como quiera, pero hay delito y está gente lo cometió”.
El senador Girardi recordó que “iniciamos la lucha contra estas empresas, hace siete años cuando presentamos una denuncia a la Fiscalía Nacional Económica la que probó que había colusión y aumentaban hasta en un mil por ciento los precios de los medicamentos esenciales como los inhaladores en pleno invierno cuando la contaminación más afecta a los niños y ancianos”.
El parlamentario agregó que “presentamos una querella criminal en el Ministerio Público, porque ellos son culpables. Así lo estableció la FNE y la propia Farmacia Ahumada reconoció su culpabilidad. Muchos de estos ejecutivos pagaron multas reconociendo que eran culpables y tuvieron que ir a clases de ética”.
Para Girardi, las multas y sanciones administrativas no sirven “porque las pagan los propios pacientes a través de las millonarias utilidades que dejan en estas cadenas -verdaderos monopolios que han hecho desaparecer a las farmacias pequeñas- y por eso es que era tan importante la sanción penal”.
El legislador afirmó que “queremos desincentivar la violación los derechos humanos de los pacientes como lo siguen haciendo hoy, pues aún les dan canelas a los vendedores para que expendan los productos que les otorgan mayor margen, los obligan hacer ejercicio ilegal de la profesión al ‘recetar’ medicamentos según los síntomas de quienes llegan a comprar”.
El senador Girardi reconoció saber que “las penas establecidas en el artículo 285 del Código Penal no son altas, pero es distinto a tener una multa que la pagan los propios pacientes con los sobreprecios de los medicamentos, a tener una sanción penal aunque sea ir a firmar para que los gerentes y dueños de farmacias piensen dos veces si van a seguir estafando y abusando de los pacientes”.
Santiago de Chile, 25 de junio 2015
Crónica Digital
