Los senadores Fulvio Rossi (PS), Ximena Rincón (DC), Jaime Quintana (PPD) y Carlos Bianchi (Indp) presentaron un proyecto de ley tendiente a regular el funcionamiento de los llamados juegos de azar como los conocidos “tragamonedas” que al estar en un terreno difuso se consideran en muchos lugares “máquinas ilegales”.
Dijo que la iniciativa plantea que “la autorización, funcionamiento, y fiscalización de los establecimientos que exploten máquinas de azar, así como los juegos que en ellos se desarrollen, se regularán por las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. Lo anterior, con la finalidad de establecer el marco regulatorio de supervisión mediante sistemas de monitoreo en línea, para los operadores, propietarios, y fabricantes de máquinas de azar”.
Sostuvo que “pese a la ilicitud de esta clase de juegos, la realidad de la vida demuestra que en paralelo a la industria legalmente establecida, en Chile se estima la existencia y operación de 600 mil máquinas de azar, en principio ilegales, pero que en algunos ámbitos locales han sido autorizados sobre la base de interpretar las normas legales aplicables en el sentido de entenderlas como juegos de destreza”
Precisó que “la necesidad de regulación de estas actividades, actualmente en terreno difuso, tiene por objeto transparentar la situación de los establecimientos que cuentan con las denominadas “máquinas ilegales” o “máquinas de destreza”, a objeto de establecer un sistema que autorice el funcionamiento de máquinas de azar que cumplan con los estándares internacionales mínimos, que garanticen y permitan un adecuado sistema de monitoreo en línea y reporte financiero de los eventos y transacciones en las máquinas de azar, como asimismo, establecer un retorno garantizado del porcentaje de apuestas en premios a los usuarios”.
Asimismo, se busca garantizar una mejor recaudación desde la perspectiva de la hacienda pública, pues al tratarse de actividades autorizadas quedan gravadas en principio por los impuestos generales de renta y a las ventas y servicios.
En este sentido, agregó que “constituye un servicio y la explotación del mismo, en cuanto se refiere a la actividad de una empresa de diversión y esparcimiento es un hecho gravado por la ley sobre impuesto a las ventas y servicios, por su parte, desde el punto de vista de la ley de renta, dependiendo si se trata de una persona natural o jurídica la que explote estas máquinas va a ser gravada su renta líquida imponible, con impuesto de primera categoría, global o adicional según sea el caso”.
En resumen, dijo que “esta ley apunta a establecer un nuevo marco regulatorio que autorice la explotación de las máquinas de azar conectadas a un sistema de comunicación bidireccional de monitoreo central y contabilidad bajo un sistema de licencias otorgadas a nivel local por las Municipalidades conforme a los requisitos generales que exige la legislación de rentas y las exigencias específicas que establece la propuesta”.
En este sentido, puntualizó que “es prioritario que la política de Estado sea de enfrentar desde la perspectiva legislativa, este realidad social que consiste en el funcionamiento de al menos 600 mil máquinas de azar (tragamonedas, video lotería etc.) funcionando en un mercado informal que no está sujeta a reglas específicas que garanticen un estándar básico de seguridad y transparencia en su funcionamiento, pues en la actualidad el jugador resulta engañado sobre la base que no hay posibilidad de monitorear o validar los reales porcentajes de pago de premios”.
“El establecimiento de un sistema regulado permite el desarrollo permita beneficios sociales y económicos atendido que la aplicación integral de las normas legales, permiten que esta actividad quede gravada por los impuestos generales”, concluyó.
Santiago de Chile 6 de marzo de 2013
Crónica Digital