El gobierno sufrió en estos días dos duros golpes, uno proveniente del mundo empresarial y el otro desde los tribunales.
Desde el espacio de los empresarios, la decisión de la empresa Colbún de paralizar el proyecto de HidroAysén, porque no existían las condiciones sociales y políticas para implementarlo, nos habla del malestar de los propios empresarios con el gobierno y de la efectividad tanto pública como social lograda por los grupos ecologistas y por los ciudadanos de la Patagonia.
Sin embargo, la paralización del proyecto HidroAysén, como la central barrancones, bajo el gobierno derechista, son fruto de medidas tomadas entre cuatro paredes, la primera a raíz de un cansancio del grupo Matte, quienes por medio de Colbún, son dueños de la segunda red más importante del sistema interconectado nacional, por tanto, no podían seguir soportando la presión y la inseguridad, de ahí que traspasaron unilateralmente la responsabilidad del fracaso de su implementación, a los poderes del Estado y en especial al primer mandatario.
En el caso de barrancones, el proyecto se paraliza por una intervención personal del presidente, es decir, en Chile no existe una plataforma seria sobre el tema energético, donde se consideren aspectos ambientales como de necesidad de energía, eso bajo un gran consenso democrático, donde no prime un paradigma depredador, centralizado e ineficiente como el actual.
La verdad se impone
Cuando la jueza Marcela Sandoval, del tercer tribunal en lo penal, se refiere a pruebas “exiguas e impertinentes”, por parte de la fiscalía y del Ministerio Público, en el llamado “caso bombas” cuestiona todo el poder de coacción que el propio Estado usó para determinar qué esas personas -y no otras- eran las responsables de colocar artefactos explosivos en distintos puntos de la capital.
Esas sencillas palabras, ponen en el ojo del huracán a los servicios de inteligencia encargados de proteger el orden público, cuestionan la labor de los medios de prensa oficiales, quienes sin ningún criterio de independencia dedicaron tiempo y recursos, en difundir a los supuestos responsables, sin examinar la veracidad de las afirmaciones como la del Ministro Hinzpeter : “Muchas de las personas que han estado en torno a los bombazos son personas con una educación bastante buena o avanzada, sin embargo han optado por una vía que es completamente contraria al orden jurídico y a las normas legales que nos rigen” La Nación 16 de agosto del año 2010.
Sin embargo, las declaraciones del tristemente célebre ex-fiscal Peña, suenan hoy irrisorias: “Junto con advertir la importancia de los peritajes científicos para «imputar de manera seria y estricta su acción», el fiscal enfatizó que existen «pruebas directas» sobre la participación de al menos seis personas”. El Mercurio 14 de agosto del año 2010.
La determinación del tercer tribunal en lo penal, ha logrado develar el manto de dudas sobre el bullado «caso bombas» en primer lugar ha resuelto que los acusados eran inocentes, en segundo lugar que hubo una serie de errores, presiones y todo tipo de irregularidades, para someter a juicio a esas personas, generando con esa acción un nivel de inseguridad y duda sobre instituciones que se supone, existen para la tranquilidad de los ciudadanos como son la ANI y la DIPOLCAR.
La sola presencia del señor Peña, desempeñando un cargo de gobierno, pagado por todos los chilenos, es un insulto para la ciudadanía que por errores de muy bajo calibre y a veces por el sólo arbitrio de un jefe, pagan con su puesto de trabajo.
La alianza de gobierno ya no sólo recibe golpes de los opositores, ha tenido que soportar un duro gancho empresarial, además del puñetazo cruzado proveniente de los tribunales, dejando por las cuerdas, temas de vital importancia para la actual administración como la “Súper carretera eléctrica y la seguridad ciudadana”.
Santiago de Chile 4 de Junio 2012
Omar Cid Subdirector Crónica Digital
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