Los diputados Sergio Aguiló y Marco Enríquez-Ominami alegaron que el requerimiento se fundamenta en el artículo 60 de la Constitución, impuesta por el ex dictador Augusto Pinochet en 1980, marcada por su contenido antidemocrático.
En ese sentido, el parlamentario Aguiló sostuvo que es un contrasentido brutal en Chile que el principal acusador de Navarro sea el diputado Alberto Cardemil, ex subsecretario del Interior en la dictadura (1973-1990).
También señaló que mientras Cardemil era funcionario del régimen militar desaparecieron varios militantes del Partido Comunista y resultaran reprimidas cientos de personas.
Por su parte, Enríquez Ominami valoró que es injusto que se encauce sólo a Navarro, cuando «otros parlamentarios también participamos en las movilizaciones del 29 de agosto último».
Numerosos legisladores chilenos han respaldado también a los trabajadores subcontratados del cobre y forestales, entre otros sectores, en su lucha por reivindicaciones laborales, que consideran justas.
Santiago de Chile, 9 de octubre 2007
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