Texas desafía la orden de la Corte Suprema de Estados Unidos y persiste hoy en no solo mantener el alambrado de púas, sino en colocar otros tramos en la porosa frontera con México.
La postura de las autoridades texanas entra en conflicto con el gobierno federal cuando ganó el fallo del máximo tribunal la semana pasada referente al derribo de esas barreras antiinmigrantes.
El vicegobernador del estado, el republicano Dan Patrick, afirmó la víspera que seguirán poniendo alambre de púas y otras cercas en la frontera, a pesar de la orden.
“Estamos poniendo alambres en todos los lugares que podemos. Continuaremos. No pararemos. Si lo cortan lo reemplazaremos”, advirtió en declaraciones a Fox News.
Justo un pequeño tramo del borde limítrofe cerca de Eagle Pass se encuentra en el centro de un enfrentamiento entre el estado y la administración de Joe Biden sobre la autoridad y la seguridad fronteriza.
Las autoridades federales afirmaron que la Guardia Nacional de Texas bloqueó el acceso de la Patrulla Fronteriza federal al Parque Shelby, que anteriormente era utilizado por esa fuerza para procesar a inmigrantes y para su rampa para botes en el río Grande.
El Tribunal Supremo dictaminó que el gobierno federal puede eliminar las barreras de Texas en el área, asegurando el acceso de las autoridades federales a todas partes de la frontera.
Pero Patrick amenazó con una “confrontación” con las autoridades estatales si la administración Biden enviaba la Patrulla Fronteriza para eliminar los obstáculos.
“Estuve allí el viernes con nuestras tropas para agradecerles, apoyarlos y también para apoyarlos en caso de que la administración Biden enviara la Patrulla Fronteriza allí”, dijo.
“Sabiamente, no lo hicieron. Estamos agradecidos de que no lo hayan hecho. No queremos una confrontación, pero queremos que esta frontera esté segura”, subrayó.
El gobernador Greg Abbott (R) dijo el miércoles pasado que el estado tiene derecho a luchar contra lo que calificó de una “invasión” y que la autoridad estatal “reemplaza” la ley federal.
Algunos demócratas pidieron a Biden que nacionalice la Guardia Nacional de Texas y la obligue a derribar las barreras estatales y hacer cumplir el acceso federal al límite con México.
Al menos 25 gobernadores republicanos respaldaron a Abbott y criticaron el fallo del tribunal.
“Nos solidarizamos con nuestro querido gobernador, Greg Abbott, y el estado de Texas en su uso de toda herramienta y estrategia, incluidas las vallas de alambre de espino, para asegurar la frontera”, señaló en un comunicado la Asociación de Gobernadores Republicanos.
En tanto, Biden insiste en el acuerdo que se cuece en Washington que podría representar un cambio drástico en la política de inmigración durante un año electoral que augura en este un tema caliente de campaña.
La tarde del viernes el presidente admitió que las políticas propuestas serían «el conjunto de reformas más duras” y a su vez las tildó de “justas” en cuanto a “asegurar la frontera» en términos que «jamás hayamos tenido en nuestro país».
Pero el expresidente Donald Trump, con renovado impulso y la consolidación de su influencia en el Partido Republicano, es parte del problema, porque se opone a cualquier pacto, incluso en su retórica, cada vez más incendiaria, llegó a alegar que «nuestra frontera se ha convertido en un arma de destrucción masiva».
Como polémico asunto de campaña, el exgobernante ha criticado a su sucesor por el manejo que le dio a la actual crisis en la forntera. Hace solo tres años (durante su periodo en la Casa Blnaca), tenían, según él, «la frontera más fuerte y segura de la historia de Estados Unidos».
Ahora «tenemos una catástrofe a punto de ocurrir», afirmó Trump el sábado al referirse a que «esta es la peor frontera de la historia».
Por otro lado, defensores de los migrantes son claros con Biden, que busca su relección: cualquier concesión a los republicanos respecto a las políticas migratorias se traduciría el martes electoral de noviembre en menos votos.
Washington, 30 enero 2024
Crónica Digital/PL
