La parlamentaria presentó un proyecto de ley que pretende entregar un alivio económico a los padres que han visto afectados sus ingresos por la pandemia. Además, la iniciativa establece que pese a la flexibilización de pagos, los establecimientos deberán cumplir con los contratos de los directivos, profesionales y asistentes de la educación.
La diputada Cristina Girardi (PPD) dio a conocer un proyecto de ley que apunta a que todos los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados, deberán poner a disposición planes de flexibilización económica respecto al pago de las mensualidades durante el año 2020, a estudiantes de aquellas familias que acrediten que su situación financiera se ha visto mermada producto de la pandemia.
La propuesta establece que los padres y\o apoderados podrán optar a una rebaja en la mensualidad o acordar el pago en cuotas, sin que estos sufran algún tipo de multa o interés por mora.
“Hay muchas familias que están en dificultad para pagar los aranceles tanto de las universidades como las que tienen que ver con la escolaridad de los niños. Sabemos que muchas familias enfrentan serios problemas para lograr cumplir con lo que comprometieron.”, sostuvo Girardi.
“La idea no es que no paguen. Pero hoy día estamos enfrentando una realidad compleja, por eso se pretende que las escuelas, al igual que se lo planteamos a las universidades, generen planes de flexibilización respecto de estos pagos. Queremos que se produzca entendimiento, diálogo, de modo de permitir que los niños puedan seguir su escolaridad”, complementó.
A su vez, la iniciativa sostiene que ante una eventual rebaja o pago en cuotas de las mensualidades, los establecimientos deberán entregar las condiciones mínimas de aprendizaje, con clases virtuales, videos explicativos o la entrega para la realización de guías online.
En caso que los establecimientos escolares no puedan realizar clases virtuales o la entrega de videos explicativos, deberán demostrar y justificar su imposibilidad, comunicando estos motivos a los padres, madres y apoderados de los estudiantes.
Finalmente, el texto legal puntualiza que la flexibilización no afectará bajo ninguna circunstancia los contratos de trabajo de los directivos, profesionales y asistentes de la educación que se desempeñen en los establecimientos educacionales, por lo que despidos o rebaja en sus remuneraciones no se podrá llevar a cabo.
Santiago de Chile, 29 de julio 2020
Crónica Digital
