Por Marcel Garcés Muñoz
La instalación de ”Ollas Comunes”, en diversas comunas y poblaciones de las principales ciudades del país, incluso en la Región Metropolitana, en las localidades campesinas, ya no es una hipótesis alarmista o una conspiración extremista destinada a desestabilizar a un gobierno ineficaz y tambaleante, y mucho menos a una agitación política opositora que pretenda “sabotear” la supuesta estabilidad de la institucionalidad y el orden público.
Lo cierto es que se trata de la consecuencia objetiva de una situación de crisis del país, del modelo económico y social imperante, de una política miope e insensible de los grupos económicos y políticos gobernantes, y de una elite que no encuentra las respuestas que el desastre económico y social demanda.
Lo que ha hecho la pandemia del Covid-19 es poner en evidencia no solo la incapacidad del poder político, económico y social, sino la esencia del carácter antihumano, antidemocrático, clasista, injusto de su modelo de gobierno.
Lo objetivo es que a la pandemia sanitaria en curso, cuya gestión a manos de un gobierno que pone en primer lugar los intereses de las grandes empresas y enfrenta el desafío como un tema de orden público, no hay una repuesta oportuna, ni humana, ni decente..
Lo que se viene es la pandemia del hambre y la miseria, de la debacle social y económica sobre la mayoría de una población a la cual amenaza el desabastecimiento, la cesantía, la falta de atención médica, de remedios y tratamientos adecuados, de condiciones dignas de vivienda, de pensiones, una crisis educacional, es decir una catástrofe social, económica y familiar de una magnitud inconmensurable.
Los datos son inobjetables, abrumadores y vienen tanto del propio gobierno, pero sobre todo de las estadísticas de los gremios empresariales y de economistas y analistas a los cuales no se puede acusar de alarmismo irresponsable, o lo que acostumbran en Palacio, de supuestas conspiraciones extranjeras, o de “malos chilenos”.
“El hambre es más fuerte que la inseguridad sanitaria”, advirtió el alcalde de Chillán Viejo, Felipe Aylwin , agregando que “la gente vive del día a día” y que “la gente está pasando hambre”. El edil advirtió que en su comuna se vive “una situación límite”, y que “el tema económico familiar se va a agravar a un nivel en que podríamos tener una especie de estallido social similar al que se vivió en el sur de Italia cuando ya no tenían qué comer”.
El alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, reafirmó por su parte que “el hambre va más allá de la pandemia”.
Más al sur, en Temuco, el alcalde Miguel Becker, de las filas de gobierno, (RN), declaró por su lado que “hay mucha gente que me está pidiendo apoyo en cuanto a alimentación, pago de arriendo, luz , agua, gas. Esto está comenzando a ponerse insostenible”.
Se trata como se acostumbra decir, de una dramática noticia en desarrollo, e incluso alcaldes derechistas como Germán Codina, de Puente Alto, que prefiere llamarlas “ollas comunitarias” están creando estructuras municipales para adelantarse a las organizaciones de pobladores y populares y de paso criticar la indolencia e incapacidad del Gobierno del presidente Piñera de entender la profundidad y las razones de la protesta ciudadana.
El impacto de un escenario que constata la miseria que se alza como amenaza para la población hace que una alcaldesa como Evelyn Matthei , también haya tenido que referirse a las ollas comunes que se prevé en una Providencia de clase media, que como se ve está en franca pendiente de pobreza.
Esto aunque sea en clave de “guerra sicológica”, buscando atemorizar, a los habitantes acomodados de Providencia para arriba, el llamado “barrio alto”, con una desbocada y violenta reacción de “los pobres”, en procura de alimentos para mantener a sus familias, es una voz de alerta sobre un fenómeno social de luchas, demandas, protestas y reclamos que no se podrán acallar.
Y claro, como corresponde a su carácter y a su tentación a las medidas de fuerza, agrega la consiguiente demanda de una consiguiente respuesta represiva brutal que aleje el peligro de movilización colectiva de los habitantes de las camunas pobres, de la periferia santiaguina, acercándose a interrumpir el buen pasar de los buenos burgueses.
El propio Gobierno reconoce la magnitud del desastre al verse forzado a anunciar un proyecto de “Ingreso Familiar de Emergencia”, que estaría destinado a un universo de 4 millones y medio de personas – 1 millón 700 mil hogares – pertenecientes al 60 por ciento “más vulnerable del país”, en realidad una especie de limosna a cuentagotas y que irá declinando en los tres meses que sería entregado.
Por otro lado, el llamado “Bono Coivd-19” debería beneficiar a 2 millones 620 mil personas que “no tienen trabajo formal”.
El propio presidente Sebastián Piñera reconoce la gravedad de la situación, aunque la transforma en una nueva versión de la campaña del terror, anunciando que “este va a ser un año duro” y proclamando que él es el ungido por la Divina Providencia para salvarnos y “conducirnos” al Paraíso : Una versión de la estupidez de que somos los “jaguares” de la región o que el país es un “oasis” en un mundo amenazado por populismos, delincuencia, terrorismo o agresivos virus y pandemias.
En tanto el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Patricio Donoso, informa de una baja de 10, 5 por ciento en la inversión del sector, y una pérdida de 75 mil puestos de trabajo.
El gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, (CCS) Carlos Soublette indicó en El Mercurio (21 marzo , 2020) que la crisis podría provocar el cierre de 160 mil empresas del sector, llevando a la cesantía a 500 mil trabajadores.
En tanto el abogado y analista de El Mercurio, Jorge Quiroz (19 abril, 2020) estima para fines de este año, “un millón o más cesantes”, lo que significaría de cuatro a cinco millones de chilenos afectados sin remedio por el virus del hambre, la inseguridad, y la miseria.
Por otro lado el Fondo Monetario Internacional pronostica una contracción del PIB chileno, de un 4.5 por ciento en 2020 y un desempleo que promediaría 9.7 por ciento, lo que coincide con estimaciones de economistas nacionales, que hace llegar a un 10 por ciento el desempleo y con estimaciones de los organizaciones empresariales integrantes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que indican que el PIB caerá por lo menos en un 4 por ciento.
Es de esto de lo que se trata cuando el presidente y sus publicistas proclaman una “nueva normalidad” para el país, cuyo horizonte son los dos próximos años. ¿Se trata de “normalizar”, “acostumbrar”, subordinar, a la población a las medidas restrictivas, el uso de la fuerza militar, la represión de las demandas populares, sofocar los derechos democráticos?
Los demócratas, los trabajadores, los jóvenes, las mujeres de Chile, deben estar alertas para desenmascarar la pretensión de La Moneda y la derecha de criminalizar las demandas populares, los reclamos de pan, justicia y libertad, de viviendas dignas, de trabajo, de pensiones justas.
Se hace imperativo responder con movilización social a la retórica demagógica, amenazante y engañosa conducta de responder con limosnas y subsidios miserables a las necesidades vitales de subsistencia y justicia social de las mayorías nacionales.
El ejemplo de los trabajadores públicos, y de los de la educación, que no cedieron a los chantajes autoritarios de La Moneda y se negaron a obedecer a la orden de volver al trabajo, sin contar con las seguridades y garantías de una adecuadas condición sanitaria, y a quienes no se consultó siquiera para recabar su opinión, es uh ejemplo a seguir.
Por Marcel Garcés Muñoz
Periodista
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 21 de abril 2020
Crónica Digital
