De esta forma se da seguimiento a sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología de enero de este año, donde se constató que pese a existir denuncias desde 2018 no se han tomado medidas concretas al respecto por parte del Estado.
El Consejo Regional de Aysén acordó conformar una Comisión Mixta tendiente a abordar la contaminación por metales pesados que ha afectado a los ríos Toqui, Aysén y Mañihuales producto de décadas de operaciones de Compañía Minera El Toqui, propiedad hoy de la Sociedad Minera Pacífico del Sur SpA.
La solicitud fue realizada en sesión del martes 25 de febrero por el presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología (CIT), Benjamín Infante Rodríguez-Peña, como una forma de operativizar el acuerdo que adoptó dicha instancia en enero pasado. De esta forma, se sumará a este trabajo la Comisión de Regionalización, Integración Territorial y Medio Ambiente (RIMA), presidida actualmente por Ana María Mora Araneda.
La decisión se adopta luego que desde el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) informaran que, a pesar de varios esfuerzos, no hay suficiente trabajo de monitoreo de la situación de las aguas en la región, particularmente en dichos territorios. Infante fundamentó que existen “denuncias contra la minera El Toqui que suponen contaminación de dichas aguas. Sugiero que a partir de ese acuerdo este consejo pueda abordar nuevamente este tema para establecer la responsabilidad del caso”. Y recordó las palabras del subdirector científico del CIEP, Brian Reid, durante la sesión de principios de año: “Lo que yo vi en una larga trayectoria de análisis de agua es que en promedio hay niveles de metales pesados por sobre la norma en las aguas” citó el consejero.
Junto con constituir la Comisión Mixta, se acordó que ésta encargue la realización de un nuevo estudio y se oficie a distintos organismos públicos y privados relacionados, con el fin de recabar antecedentes que puedan ser expuestos ante dicha instancia.
Entre las entidades que tienen vínculo con la materia están la propia Compañía Minera El Toqui, las secretarías regionales ministeriales de Minería, Medio Ambiente y Salud, la Corporación Privada de Desarrollo de Aysén (CODESA), Sernageomin, la Superintendencia del Medioambiente (SMA), la Superintendencia de Salud y la dirección de Medioambiente del Municipio de Coyhaique.
Además, la idea es que se genere un informe que “reconozca los antecedentes emanados de la Superintendencia de Medio Ambiente y así nos permita configurar con mayor claridad qué está ocurriendo” indicó Infante. Y cerró Infante: “El crecimiento no puede sacrificar la salud, no puede ser a toda costa, porque eso no es crecimiento, sino que es depredación”
Este paso confirma que el Estado, en distintos gobiernos, no ha hecho seguimiento alguno de la situación ambiental y social de la zona de Alto Mañihuales desde la SMA constató en 2018 el grave daño ambiental en suelos, aguas, personas y ganado.
Fue el gobernador de Coyhaique de la época, Cristian López Montecinos, quien impulsó mesas de trabajo para que la empresa minera El Toqui cerrara acuerdos, esencialmente de tipo económicos, con las familias del sector. A esas alturas ya se tenía el estudio del Colegio Médico que había constatado peligrosos niveles de contaminación por plomo, arsénico y mercurio.
López ha sido ministro suplente en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, votando en varias ocasiones a favor del proyecto minero portuario Dominga, en Coquimbo.
Por Patricio Segura
Santiago de Chile, 6 de marzo 2025
Crónica Digital
