Organizaciones y políticos expresaron su solidaridad con el alcalde de la comuna chilena de Recoleta, Daniel Jadue, en prisión preventiva hoy luego de un proceso de imputación en su contra considerado como injusto y desproporcionado.
En tres períodos al frente de la comuna, el jefe edil llevó a cabo varios programas en beneficio de su localidad, entre ellos la Farmacia, la Óptica y la Librería Popular, el Centro de Rehabilitación, la Red de Bibliotecas y la Universidad Abierta de Recoleta.
La víspera, la jueza Paulina Moya aplicó la máxima cautelar contra él por presunto cohecho, fraude al fisco y estafa en las negociaciones de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) para la compra venta de insumos durante la Covid-19.
El texto del PCCh considera exagerada la medida de prisión preventiva y manifiesta su convicción en la inocencia del alcalde.
“Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos esta medida desproporcionada”, escribió el alcalde en su cuenta de X.
Para el periodista especializado en política internacional y derechos humanos Juan Fran Torres, Jadue se ha convertido en otra víctima más del lawfare (guerra jurídica) en Latinoamérica.
“Su único delito ha sido proponer una nueva forma de gobierno, desafiando al modelo perverso”, dijo.
En opinión de la diputada Carmen Hertz, la persecución política y el acoso son evidentes.
La jueza que envió a la cárcel al jefe comunal argumenta que él “representa un peligro para la seguridad de la sociedad”, lo cual fue considerado una injusticia por el abogado de la defensa Ramón Sepúlveda.
“Creemos que el tribunal ha tomado la posición de dar por acreditados hechos sin antecedentes y eso es muy grave”, dijo el letrado.
El diputado socialista Juan Santana consideró inentendible la ligereza con que se utiliza la prisión preventiva en Chile. Parece que el rigor se aplica a conveniencia cuando los juzgados son de cierto sector, dijo.
Más de mil 500 personalidades rubricaron una carta en la que calificaron el proceso como un caso de persecución política y judicial hacia una figura pública.
Unas 30 organizaciones de la región también se solidarizaron con el jefe comunal, entre ellas el Foro de Sao Paulo, Alba Movimientos y la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia.
A la lista se suman la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, la Marcha Patriótica de Colombia, el Frente Patria Grande de Argentina y el Movimiento Sin Tierra de Brasil.
Santiago de Chile, 5 de junio 2024
Crónica Digital/PL
Visitas: 27
