El presidente chileno, Gabriel Boric, inaugurará hoy la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP 3), un instrumento para la protección del medioambiente y los defensores de la naturaleza.
La reunión se extenderá hasta el 24 de abril y allí se presentará el plan de Acción Regional sobre Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
De manera paralela tendrán lugar otros eventos, como la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra y sesiones donde se abordarán temas como participación pública en procesos de evaluación del entorno y perspectiva de género en esta materia.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como de Escazú, fue adoptado en la ciudad costarricense del mismo nombre en 2018 y entró en vigor en 2021.
Hasta el momento ha sido firmado por 24 países de la región y cuenta con 15 Estados parte: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
En una reunión celebrada aquí este fin de semana, representantes de organizaciones indígenas sudamericanas y de Mesoamérica reclamaron tener más participación en ese tratado.
La abogada Iris Olivera, vocera de la Institución Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, de Perú, declaró a Prensa Latina que los pueblos autóctonos reclaman tener un espacio en la mesa directiva del acuerdo.
También demandan un caucus (asamblea), donde puedan plantear sus problemáticas y contar con un relator especial, dijo.
Olivera afirmó que las propias organizaciones han identificado a la región como una de las más agresivas hacia los activistas medioambientales, violencia que llega también a las mujeres, niños y adolescentes.
“Los indígenas somos los más afectados por las agresiones porque tenemos un vínculo muy fuerte con la madre tierra, con la protección y conservación de la naturaleza”, declaró, por su parte, la coordinadora de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, Dina Juc.
Explicó que, con el objetivo de proteger a la humanidad misma y a las nuevas generaciones, ellos se oponen a los modelos económicos extractivistas y destructivos del entorno y por eso son vistos por Gobiernos y Estados como enemigos del desarrollo.
De acuerdo con la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena, durante los últimos 10 años murieron mil 335 personas por causas relacionadas con el avance de la frontera extractiva en sectores de hidrocarburos, forestal y minero.
Santiago de Chile, 22 de abril 2024
Crónica Digital/PL
